El 29 de marzo de 1995, la organización Alianza Cívica utilizó el derecho de petición para conocer el ingreso mensual del entonces presidente Ernesto Zedillo por concepto de salario, bonificaciones y compensaciones.
Junto con esa solicitud, la organización pidió conocer quiénes conformaban la Presidencia de la República, qué funciones desempeñaban y cuánto nos costaba a los mexicanos. La información sobre los ingresos de los funcionarios públicos así como el destino de recursos que conformaban la llamada “partida secreta” eran, en ese entonces, un completo misterio. Sólo después de un amparo y de un trabajo constante de documentación y exigencia social, se supo que el presidente Carlos Salinas de Gortari había roto el récord del gasto misterioso con 858 millones de dólares durante su sexenio, es decir, 390 mil dólares diarios. Esto sin rendir cuentas de un solo peso gastado o embolsado.
La partida secreta desapareció con el tiempo. Con la primera alternancia en el Ejecutivo, se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que daría vida al IFAI. Mucho debate y trabajo colectivo hubo detrás de esta reforma.
México se sumó a la oleada de países que debido a la creciente pluralidad política, a los tratados de libre comercio, a las nuevas tecnologías de la información y a la necesidad de garantizar mayor libertad de expresión, reconocían en un marco normativo el derecho de acceso a la información.
Al día de hoy, 90 países —la mayoría en Occidente, Asia y América Latina— reconocen este derecho en sus Cartas Magnas, 118 tienen una ley que promueve y fomenta el derecho a saber y 90% de la población mundial cuenta con instrumentos que permiten ejercer este derecho fundamental.
En el caso de México, han existido de 1977 a la fecha, tres reformas constitucionales que han aumentado las posibilidades de que todos los ciudadanos, por igual, accedan a información de interés público. La última reforma originó que México fuera calificado por el Centro para la Ley y la Democracia de Canadá como el país con la mejor ley del mundo.
El ejercicio del derecho a saber ha permitido conocer las prioridades de los distintos gobiernos, el resultado de sus acciones y el monto del dinero público que se destina y se ejerce. Esto no es suficiente para combatir la corrupción pero investigaciones periodísticas que han servido como guía para la prevención e investigación no se hubieran logrado sin el derecho a la información. Sin éste, casos traumáticos de violaciones de derechos humanos como Aguas Blancas, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, Cadereyta, Guardería ABC y San Fernando se hubieran quedado en versión “verdad histórica”, imposibilitando que familiares de las víctimas y la sociedad en general, exigiéramos justicia, reparación del daño y no repetición.
En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el desempeño y la utilidad del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Coincido en que el INAI requiere revisar sus prioridades de gasto, organización administrativa y formas de garantizar calidad en la información pública. Requiere también una urgente profesionalización. Pero por ningún motivo esto debe ser un pretexto para regresar a aquellos tiempos en los que la tapia, el engaño y el secreto de familia eran criterios para gobernar y sumergir a la ciudadanía en las tinieblas profundas.
Coordinadora de la Red por la Rendición de
Cuentas
