En distintas intervenciones públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al órgano nacional de transparencia. Ha tachado a los comisionados de simuladores, de ser burocracia dorada y hasta comparsas de la corrupción. Al Inai, como quien dice, ya se lo “agarró de su puerquito”.
En una definición muy amplia, las instituciones públicas son limitaciones ideadas por los seres humanos para organizar intercambios y desempeñar funciones específicas. Como bien lo recuerda Douglas North, éstas provienen de acuerdos formales pero su funcionamiento está asociado a restricciones informales como lo son las costumbres, los valores y las conductas. Las instituciones no son estáticas. Están sujetas a cambios, innovaciones e intereses. De la interacción que tienen con la sociedad y de los resultados que generan, dependen su credibilidad y fortalecimiento.
El Inai fue creado para garantizar tanto el derecho fundamental a saber, como el derecho a la privacidad. Su reciente autonomía constitucional proviene de su vocación especializada y de la necesidad de blindarlos de posibles censuras e intereses particulares.
La autonomía brinda herramientas para que el Inai se fortalezca y sea un contrapeso. No es un régimen de excepción, ni excluye a sus integrantes de rendir cuentas sobre sus decisiones.
En estos días, el Senado de la República decidirá quién habrá de ocupar la silla en el pleno del Inai que trágicamente dejó el comisionado Carlos Bonnin.
Hasta ahora, las comisiones responsables han publicado la información curricular y la exposición de motivos de los 29 aspirantes. Siguiendo buenas prácticas, las audiencias fueron públicas y todavía se pueden consultar en el sitio del Canal del Congreso.
Las comisiones responsables cuentan con dos cédulas de evaluación: una para la revisión de expedientes y otra para la calificación de la entrevista.
Dentro de los criterios destacan cuestiones fundamentales como la trayectoria, el conocimiento del tema, la capacidad para trabajar en colegiados, la habilidad para resolver conflictos y el liderazgo. De las entrevistas se busca ponderar la congruencia, la claridad de la argumentación y la forma de responder y argumentar sobre casos prácticos.
Extraña, sin embargo, que no se haya considerado como criterio la independencia de partidos políticos con la que deben contar los aspirantes. Esto es relevante a la luz del brinco directo de una Comisionada a una curul en el Congreso bajo los colores del PRI.
También lo es ante casos pendientes como la orden dada a la Fiscalía General para abrir información de Odebrecht o las 32 ocasiones en las que el INAI ha fallado a favor de abrir información sobre la condonación de créditos fiscales sin que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumpla.
El Senado cuenta con la oportunidad de tener una de las mejores designaciones si funda y motiva su decisión y si además considera la paridad de género que no se respetó en la última designación. De la lista de aspirantes, nueve mujeres merecen esta oportunidad. El país también lo merece.
Coordinadora de la Red por la Rendición
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