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El presidente Andrés Manuel López Obrador parece tener distintos “mantras”. Uno de sus favoritos se refiere a la importancia de la legalidad en la vida pública: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes es buen indicio, pero lo es todavía más si esas leyes se traducen en el ejercicio de derechos fundamentales. Eso es lo que garantizaría la existencia de un Estado de derecho.
Pero la defensa ciega de la legalidad, sin considerar el contexto en que se diseñan y aplican las leyes puede resultar tramposa. Cuando la corrupción funciona de manera sistémica las leyes no bastan. Por el contrario, pueden ayudar a cobijar conductas que perjudican a la sociedad. Esto es lo que se conoce como “corrupción legal”. En un análisis ampliamente conocido, Daniel Kaufman señala que este tipo de corrupción sucede cuando una élite busca el control del Estado echando mano de un costoso marco jurídico que protege y propicia los actos de corrupción.
Ejemplo de ello, es la llamada “Ley OHL” recientemente derogada en el Estado de México por iniciativa de Morena.
En 2015, el Gobernador Eruviel Ávila, propuso una reforma al Código Administrativo del Estado de México. Con el voto mayoritario de una coalición integrada por el PRI y partidos aliados, el decreto número 398 reformó la fracción IV del artículo 17.43 del Código Administrativo del Estado de México, permitiendo a los particulares concesionarios mantener las concesiones de carreteras aún después de recuperada la inversión. Les dio negocio seguro.
El Circuito Exterior Mexiquense, un tramo de apenas 110 kilómetros (de un proyecto original de 155 km.), fue adjudicado —tras una cuestionable licitación— a la empresa OHL México, filial en ese entonces de la española Obrascón-Huarte-Laín. Se calcula que tras una inversión inicial asignada de 6 mil 628 millones de pesos, se han obtenido ganancias por peaje de hasta por 18 mil 586 millones de pesos.
La derogada Ley OHL fue apenas una pieza más de la alianza entre un grupo político y un consorcio económico que operó de manera coordinada adquiriendo contratos y concesiones millonarias. Uno de los integrantes del Consejo de Administración de la empresa fue Emilio Lozoya el cual renunció a su silla tras la victoria a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Hoy ese grupo está derrotado, excluido y es investigado.
A OHL se le complicó la vida desde finales del sexenio pasado. Señalamientos de presunta corrupción por manejo de información privilegiada, falseo de información sobre rendimientos de peaje y hasta financiamiento de campañas electorales, llevaron a la caída en picada del precio de la acción en bolsa. OHL México se puso en venta en 2018, fue adquirida por el consorcio IFM Investors y cambió de nombre a Aleática. Sin embargo, la empresa está envuelta en batallas legales, afectando la operación y los tiempos de entrega de algunas de sus ocho concesiones.
Las acusaciones de corrupción para ganar concesiones y obra pública parecen no ser exclusivas de México. La Audiencia Nacional de España investiga actualmente si el dinero de los sobornos que realizó la constructora procedió de su filial mexicana.
La corrupción legal es posible cuando no hay oposición, resistencia ni vigilancia social en el camino. El caso merece ser estudiado a fondo para evitar futuras concesiones que den ganancias a unos cuantos a costa de todos.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
