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En mayo de 1969 corrió como la pólvora el rumor de que las mujeres jóvenes que compraban ropa en selectas boutiques de la ciudad francesa de Orleans, corrían el peligro de ser drogadas, para después ser secuestradas y vendidas por maléficos tratantes de blancas. Lo que empezó con simples dichos de boca en boca en una ciudad tradicional y tranquila de la región de la Loire, terminó con una intervención policiaca que controló a un grupo enardecido de pobladores que exigía cuentas a los dueños de una tienda en la calle Bourgogne. El caso atrajo la atención del sociólogo Edgar Morin, quien con su equipo investigó el origen y las causas de esta especie de pánico medieval, capaz de extenderse sobre las conciencias con ayuda de los medios de comunicación.
Detrás de este rumor existía el miedo de una sociedad conservadora, sacudida políticamente por el fin de la era De Gaulle y socialmente enfrentada al cambio de mentalidades provincianas. Terror y negación ante mujeres dispuestas a exigir igualdad de derechos y usar minifaldas. El rumor de Orleans también era reflejo de un sentimiento antisemita puesto que los dueños de las tiendas eran mayormente judíos.
Los rumores y las leyendas urbanas suelen encontrar tierra fértil cuando las fuentes de información son limitadas o cuando se reducen las oportunidades para dar explicaciones. Edgar Morin distingue bien entre ruido y rumor al señalar que el primero no tiene la potencia del segundo, ni tampoco genera efectos sociales ni cambio de comportamientos. A final de cuentas, la veracidad del rumor resulta irrelevante. El rumor como hecho social suele ser espontáneo y su fuente responde a miedos, creencias, manipulaciones pero también a la necesidad de conocer.
El gobierno actual ha decidido establecer un modelo de comunicación unipersonal, encarnado por el Presidente de la República, en donde se nos brinda información cotidiana. Este ejercicio que puede rápidamente volverse trivial, no es suficiente para informar a la sociedad, ni puede sustituir el terreno ganado en el ejercicio del derecho fundamental a saber.
Frente a hechos concretos y de gran relevancia como lo son el combate a la corrupción o la lucha contra el robo de combustible, es necesario generar información que vaya más allá de los dichos y conferencias cotidianas. A través de estrategias de transparencia proactiva contempladas en la legislación vigente, se puede publicar información vinculada a la demanda social. Las necesidades de información actualmente ya se conocen.
Según registros del INAI, del 2003 al 2019 se han presentado 1,565 solicitudes de información relacionadas con el robo de combustible. De este total, la mayoría se ha concentrado en el número y ubicación de tomas clandestinas, aunque también se ha querido saber la cantidad de volumen sustraído, el costo de las medidas aplicadas, el gasto en la reparación de ductos, el número de averiguaciones previas existentes así como cifras sobre detenciones, consignaciones y sentencias. Otro capítulo de gran interés ha sido el relativo a las compras públicas y las adquisiciones.
Toda esta información podría ser accesible en formatos abiertos, comparables, oportunos y verificables. Solo a partir de esto, los dichos podrán convertirse en hechos verificables y el fantasma de Orleans podrá disiparse.
Coordinadora Red por la Rendición de Cuentas
