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La destitución de Gonzalo Hernández Licona al frente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) enciende las alertas sobre el futuro de la política social en México. Aunque esta decisión aparentemente obedece al fin de un ciclo, hay al menos tres circunstancias inquietantes.
Por un lado, se ejecutó días después de que el funcionario hiciera un auténtico llamado de auxilio frente a decisiones que ponen en jaque a la institución. Sin poder contratar a 144 funcionarios eventuales (es decir, el 67 por ciento del personal), sin poder ejercer el presupuesto destinado a estudios de evaluación y con recortes adicionales a plazas fundamentales, la institución está prácticamente muerta.
Sorprende el desdén hacia un funcionario que a lo largo de trece años de trayectoria se desempeñó con profesionalismo, independencia política y congruencia. Los cuatro reconocimientos a la labor del Coneval en materia de innovación, transparencia y rendición de cuentas dan cuenta de su actuación.
Sucede también que, según lo establecido en el programa anual de evaluación, estamos a unas semanas de conocer el informe final sobre el diseño de las acciones y programas sociales de la actual administración. Los términos de referencia y la metodología ya son públicos y corresponden al sello de la casa.
El nuevo secretario ejecutivo tendrá que cumplir con el programa, rendir cuentas de las decisiones y sobretodo mantener la autonomía, el rigor y la confianza ganada hasta ahora. Le tocará recordar a los diputados, la omisión legislativa derivada de la reforma de 2014 que otorgó autonomía constitucional pero olvidó la ley reglamentaria.
La política social en México ha estado lejos de ser perfecta. Distintos estudios y análisis han mostrado la exclusión sistemática de los más vulnerables en programas sociales fundamentales. Se han evidenciado duplicidades, sesgos en la permanencia de programas que, a pesar de su opacidad y escasos resultados, recibieron recursos por razones políticas.
El último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre el panorama social en la región, es elocuente: de seguir con la misma tendencia, México tendría que esperar hasta el 2035 para alcanzar las metas de reducción de la pobreza a la mitad y de la pobreza extrema al 3 por ciento.
Pero todo esto lo sabemos gracias a la labor del Coneval. La institución se encarga de medir la pobreza desde todas sus dimensiones y de evaluar el diseño, ejecución e impacto de la política social bajo un enfoque de derechos. Sus instrumentos y metodologías son robustos, brindan información accesible y permiten comparaciones en el tiempo. Maquillar las cifras ha sido una tentación constante de distintos gobiernos. En la Argentina de Kirchner, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República (INDEC) llegó a manipular los datos de tal forma, que se le conoció como “maquillaje K”. Los estudios independientes y las previsiones económicas incorporaron el factor K a sus análisis haciendo el ajuste correspondiente. Al final, la realidad mostró los verdaderos datos.
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
