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La discapacidad es un fenómeno complejo que abarca diversas deficiencias, las cuales afectan una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación, constituyen problemas para participar en situaciones vitales, como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero a las limitaciones y obstáculos que enfrenta cotidianamente este sector de la población se suman las prácticas de discriminación social, que atentan contra sus derechos humanos fundamentales.
Para ponderar la relevancia y magnitud de esta problemática, cabe señalar que, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en México hay aproximadamente 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, cifra que representa el 6 por ciento de la población total.
Ante este panorama, cabe recordar que el gobierno federal impulsó, desde el inicio de la actual administración, la estrategia central “México Incluyente”, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos las mexicanas y mexicanos para, de esta manera, cerrar las brechas de desigualdad que todavía prevalecen.
Pese a los avances e importantes esfuerzos realizados, los retos son mayúsculos, por lo que es necesario continuar instrumentando políticas públicas oportunas, eficaces e innovadoras para atender las diferentes demandas y necesidades de este sector para lograr su plena inclusión social.
Por ello la aprobación del dictamen que sienta las bases del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, por parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, es de suma trascendencia.
La modificación al artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad plantea que el Inegi deberá garantizar la información de los registros de la administración pública, lo cual ya se encuentra establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.
Asimismo, el Registro deberá formar parte del Sistema Nacional de Información en Discapacidad y mantenerse actualizada a través de los registros administrativos de certificación de discapacidad del sector salud.
Sin duda, representa una herramienta que permite contar con un padrón de personas con discapacidad, conocer con precisión el número de personas con estas condiciones, qué tipo de discapacidad padecen y en dónde se encuentran, principalmente.
Este registro oficial constituye un insumo medular que facilita la confección e instrumentación de políticas públicas focalizadas e incluyentes, que atiendan las principales problemáticas que enfrentan las personas discapacitadas y sus familias.
Por ello insisto, se trata de contar con información oportuna y objetiva sobre este sector de la población, para integrarlos en el sector productivo y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, como se expone en los ajustes razonables de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
Dada la complejidad del tema, resulta indispensable una mayor coordinación entre todos los actores políticos y sociales, como el gobierno federal, legisladores, ONG, especialistas y la sociedad en general en el diseño, formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas transversales en la materia.
Senadora de la República, presidenta de
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
