El 24 de agosto es una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva como día para recordarnos qué es la impunidad . Ese día en el año 2010, se hizo público el hallazgo del rancho donde 72 migrantes fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas . Aunque la Marina hizo publico el descubrimiento, éste se debió a que dos de los que estaban en el grupo de los masacrados lograron sobrevivir y escapar a la que, después sabríamos con horror, sería una de tantas fosas colectivas que han marcado el territorio mexicano, donde “buscadores de sus seres queridos” de todo el país, y caravanas de madres centroamericanas, son los que emprenden la labor de mover cielo, mar y tierra para dar con el paradero de quienes se dice “ desaparecieron ” como cruel eufemismo mexicano.
La suerte quiso que esos dos sobrevivientes fueran extranjeros a los que su gobierno les hizo caso y los protegió sin condiciones. Pero aún más, dicho gobierno en voz de su titular de entonces, el ecuatoriano Rafael Correa hizo lo insólito, le exigió al gobierno de México responder por los actos criminales por los que fueron ultimados cruelmente personas humildes cuyas familias acabaron siendo también victimas de este espantoso crimen. Pese a la presión internacional que el caso suscitó, el asunto no escaló a mayores porque si bien el presidente de Ecuador insistió en el caso , otros gobiernos cuyos ciudadanos fueron masacrado decidieron no poner demasiada presión a las autoridades mexicanas, incluso cuando cometieron tantas barbaridades como equivocarse al enviar a familias distintas algunos de los cuerpos que eran esperados para ser velados, o tardar años para resolver los trámites que acreditaban el fallecimiento de cada persona a fin de que sus familiares pudieran concluir en sus países los trámites legales necesarios para seguir la vida, pese al duelo.
En México la masacre de esos 72 migrantes es una demanda permanente porque desde entonces hizo público lo que desde hacia años se sabia y el gobierno negaba sistemáticamente, la violación atroz, desmedida, sin control contra los migrantes que atraviesan el país . Lo increíble es que pese a lo dramático del caso, el presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa , no sólo no aceleró el seguimiento de los casos o trató de resarcir en la medida de los posible el daño extremo que hijos e hijas, esposos, hermanos, sobrinos de las victimas vivieron en territorio nacional. Al contrario, dejó correr el tiempo sin solucionar ni el crimen, ni procurar algún tipo de reparación .
En el colmo de las ironías, cuatro años después de este crimen de lesa humanidad, el 20 de junio de 2014, Margarita Zavala , esposa del ex presidente Calderón Hinojosa, recibió en Nueva York el premió “ Pilares por la justicia ” como reconocimiento por su atención precisamente a personas migrantes. Vaya mensaje macabro.
Los años siguientes con Enrique Peña Nieto en el ejercicio del poder presidencial no encontraron mejor lugar para la justicia y al contrario, el Plan Frontera Sur marcó la ruta de contención policiaca que el gobierno mexicano decidió emprender ante quien ose cruzar la ruta migratoria. Lo que queda claro a 8 años de esta tragedia es que la impunidad en el caso de los 72 migrantes asesinados en el 2010 , fue un permiso no escrito que permitió nuevas masacres. ¿Será acaso que finalmente, con un nuevo presidente veremos justicia? Ese es el perdón que se requiere, el de las familias quebradas por el duelo .