El próximo presidente de México tendrá que pensar en impulsar una reforma administrativa de gran calado. La última ya duró 40 años y la normatividad ya no corresponde, en absoluto, a las necesidades actuales. Estamos en presencia no sólo de un Estado obeso, sino disperso.
Los cambios legislativos han sido constantes y se han creado instituciones que han respondido más bien a la urgencia del momento que a una medición serena y meditada del impacto general de cada reforma en la función administrativa.
Las y los gobernados se han visto afectados por la constante creación de nuevas instancias que han provocado duplicación y el traslape de competencias entre los tres niveles de gobierno, órganos centrales, descentralizados, desconcentrados y autónomos. La expedición de más leyes generales ha contribuido a la dispersión porque aunque el objetivo es compartir competencias, el límite de lo que le toca a cada quien o es difuso o queda sujeto a interpretación. Entender hasta dónde llega la competencia de cada órgano es difícil para los expertos y más aún para la gente común.
Pensemos, por ejemplo, en la violencia contra las mujeres. Sumemos las instancias que están atendiendo el tema: Institutos de las mujeres, sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuradurías generales y especializadas, Comisiones de atención a víctimas, centros de atención a víctimas especializadas, instancias protectoras de derechos humanos, etc., etc.
Las mujeres que sufren violencia tienen frente a sí más de una decena de opciones que serían suficientes para que al menos una les ofreciera una solución integral. No siempre sucede. Viene el peloteo y el rebote de una instancia a otra en un proceso que las revictimiza y que no siempre las lleva a obtener la protección inmediata deseable.
Si sustituimos el tema de las mujeres por el de la infancia, vamos a encontrar que el modelo se reproduce: instituciones superpuestas que tratan de resolver un problema concreto infructuosamente. La creación del SIPINNA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, muestra que hay conciencia de la dispersión normativa y de políticas públicas traslapadas. Ricardo Bucio está haciendo un esfuerzo extraordinario para que el SIPINNA cumpla su cometido, pero basta ver el tamaño de las mesas y el número de los convocados a las reuniones para constatar lo difícil que es armonizar y alinear.
El próximo relevo sexenal puede ser el momento idóneo para redistribuir y rediseñar competencias iniciando por una nueva reingeniería desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que, a pesar de sus constantes reformas, ha ido perdiendo su carácter rector al verse rebasada por las competencias específicas que, en diversas leyes, se fueron dando a dependencias, entidades y órganos administrativos.
Más allá de los temas de coyuntura, se requiere repensar la totalidad de la administración pública. El ciudadano común no puede ser víctima de un diseño obsoleto y de modelos rebasados como el sectorial previsto en la Ley de Planeación (diseñada hace más de tres décadas también) que se queda corto con la transversalidad actual y la interseccionalidad de los derechos.
El fin último de la administración son las personas que tendrían que verse beneficiadas por ella; atendidas sus necesidades básicas y garantizados cabalmente sus derechos.
También hay que pensar en que una mejor administración traería consigo alicientes a los servidores públicos que podrían ver una mayor utilidad social de su trabajo diario. La medida, además, podría tener impactos presupuestales favorables al poderse reorientar el gasto público y ejercerse con mayor eficiencia. La tarea no es sencilla, pero será indispensable emprenderla muy pronto.
Directora de Derechos Humanos de la SCJN.
@leticia_bonifaz
