En abono a las opiniones que se han vertido los últimos días sobre el papel de la sociedad civil en el ámbito público, pondré el foco en la manera en que ésta contribuye a garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Primero, hay que distinguir entre la sociedad civil que reacciona y se organiza de manera pasajera ante una coyuntura específica, de aquella que se mantiene organizada para el cumplimiento de ciertos propósitos.
Es diferente la reacción espontánea de la sociedad (por ejemplo, ante la violencia contra las mujeres, ante las desapariciones forzadas o ante el deterioro ambiental) que las organizaciones que se constituyen para la lucha permanente por la erradicación de este tipo de violencia o del esclarecimiento de los casos de desaparición o del cuidado del medio ambiente.
Hoy, la sociedad civil se organiza para la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad: niñez, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes o personas LGBTTTI.
También hay que recordar que el Estado tiene hoy mucho más responsabilidades que cuando fue ideado. En el ámbito de los derechos, le corresponde garantizar no sólo el ejercicio de los de carácter civil y político, sino también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en los que se requiere de un hacer por parte del gobierno con previsiones puntuales en el gasto público.
Así, desde que los derechos dejaron de tener un carácter programático y se reconoció que son plenamente exigibles, el Estado quedó imposibilitado materialmente para prestar todos los servicios o garantizar el ejercicio de todos los derechos por sí solo.
Estos cambios han significado que la vida democrática y de participación social no se agote en la elección de los representantes populares. Hoy tenemos una sociedad organizada que ha elegido participar para complementar las actividades del Estado en aquellas áreas en las que se ha visto rebasado o para vigilar y exigir que el gobierno cumpla adecuadamente sus fines.
Entre estas actividades quedan comprendidas las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos en todas sus vertientes, así como aquellas que orientan sus esfuerzos a los temas de transparencia y de rendición de cuentas.
La actividad de las organizaciones en el ámbito nacional tiene un referente internacional. Diversas convenciones prevén la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales son llamadas por los comités de seguimiento para contrastar su visión con la del propio Estado.
En el caso de México, la sociedad civil actúa frente a los tres poderes y también ante los órganos autónomos. En el trabajo legislativo se hacen escuchar respecto de los beneficios o afectaciones que puede provocar una iniciativa de ley; en el judicial pueden presentar amicus curiae o litigios estratégicos; Respecto del Poder Ejecutivo es mucho mayor su participación porque las organizaciones usualmente están en la permanente evaluación de cualquiera de las políticas públicas o coadyuvando en actividades que se estiman particularmente sensibles.
Hoy, organizaciones de la sociedad civil miden la eficiencia de las fiscalías y de las policías; de los órganos autónomos; buscan erradicar violencia gineco-obstétrica; impulsan el mejoramiento de la situación laboral de las trabajadoras del hogar; u observan el cumplimiento de la paridad de género; entre muchas otras acciones.
En el contexto actual, muchos integrantes de lo que hoy se llama sociedad civil se vieron forzados, primero, a tomar las calles y, luego, a hacer de su lucha su razón de vida, bien por haber sufrido en carne propia una afectación o por el compromiso con un ideal.
Estado y sociedad civil pueden ser vistos como espejo y reflejo. Sin duda se necesitan; son, en realidad, complemento.
Catedrática de la UNAM.
@leticia_ bonifaz