La democracia mexicana padece de autismo. Repite de manera insistente los mismos temas y los vuelve a abordar desde diferentes ópticas con una cansina reiteración. Es como si hubiese llegado a la edad de las obsesiones, en la cual un asunto recurrente vuelve a la memoria del anciano. Volver al tema de la reforma electoral me parece un síntoma de desapego con la realidad y de sorprendente desatención de las principales responsabilidades del Estado.
Si algo demostraron las elecciones de julio del 2018 es que el sistema electoral funciona. El principal impugnador de dicho sistema hoy es gobierno mayoritario y además con una creciente presencia en las instituciones. Con AMLO en Palacio Nacional el discurso del robo electoral debería, a mi juicio, jubilarse, lo cual no quiere decir que no pueda haber anomalías electorales, pero pretender que no hemos logrado la transición completa al tener el ciclo de alternancias satisfecho, es verdaderamente rizar el rizo.
El país tiene, en cambio, un gravísimo problema de operación en su sistema de seguridad y en sus fiscalías. La debilidad institucional hoy se traga, cual pavorosa vorágine, la legitimidad de los gobiernos. El gobierno federal tiene en su haber todavía varios meses para demostrar que sí quiere edificar una institución funcional a partir de las ruinas que dejó el gobierno anterior de la PGR. En los gobiernos locales de Morena hay argumentos diferenciados. El de Cuitláhuac García, en Veracruz, tiene la coartada de tener un fiscal impuesto por Yunes, pero en la capital, echar las culpas para atrás pone a la coalición gobernante en un predicamento. Desde 1997, la izquierda gobierna esta ciudad. Hemos tenido jefes de gobierno muy poderosos y todos ellos han nombrado a procuradores de gran relieve, desde Samuel del Villar hasta Miguel Ángel Mancera y Bernardo Bátiz, y de esta constelación de políticos no se desprendió una prioridad por construir una institucionalidad en materia de procuración de justicia, similar en calidad y eficiencia a la de nuestro sistema electoral. Me parece que el gran cuello de botella de este país está en la debilidad del gobierno federal para dotarse de un cuerpo civil que provea seguridad y una Procuraduría que no esté supeditada a las prioridades políticas del gobierno.
La capital de la República que ha sido gobernada por políticos exitosos, una ciudad que tiene un presupuesto importante y muchas capacidades de influir en la agenda pública y en el legislativo, se encuentra con que, después de casi 20 años de democracia, carece de una Procuraduría confiable y eficaz, que pueda cooperar con un mínimo de eficiencia y por supuesto, un sistema de reclusorios sin corrupción.
Regreso al inicio: ¿qué necesidad tenemos de abrir un debate sobre el sistema electoral cuando tenemos a Estados Unidos con la amenaza de certificarnos precisamente porque carecemos de un cuerpo que controle la entrada y salida de migrantes al país? Yo espero que, en vez de pensar en sobrecargar al INE de misiones, se den cuenta de que, en materia de impunidad, este país ya no aguanta más y que los gobiernos democráticos que son incapaces de entregar resultados por la ineficiencia de los aparatos de procuración de justicia, son el principal problema de la gobernabilidad democrática. Somos, según el World Economic Forum, uno de los países más deteriorados en materia institucional y en cambio nuestro sistema electoral tiene bastante confiabilidad y credibilidad internacional. Perdón que los moleste señores legisladores, pero ¿no sería más conveniente empezar la reforma del Estado por donde está dañado y no dañar lo que ya funciona?
Analista político. @leonardocurzio