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Hay muchas cosas que en este país deben someterse a examen, pero tal vez la más importante sea una cirugía a corazón abierto del sistema federal. El desgaste es palmario y puede ubicarse en tres síntomas ineludibles. El primero es el deterioro de los servicios públicos en prácticamente todo el país que detecta la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). El segundo es la tradicional distribución de culpas y deslindes para atender o resolver los problemas; no es infrecuente escuchar al funcionario decir “eso no me toca a mí” o “es competencia de otro orden”. El tercero es el declive del aprecio ciudadano por la democracia. Tenemos cargos electos en todos los niveles, pero ninguno despierta la confianza y el aprecio de los gobernados.
Es prioritario revisar el diseño constitucional de nuestro federalismo, pues lejos de haber fortalecido las capacidades de gobierno y la atención de demandas ciudadanas con una distribución inteligente de las competencias entre niveles de gobierno, hemos tenido una revisión caótica de las mismas y una elusión de responsabilidades como consecuencia.
En la historia institucional reciente de nuestro país ha habido materias de ejercicio gubernamental que han sufrido procesos de descentralización acelerada. Otras funciones, por el contrario, han tendido a reconcentrarse en el gobierno federal o en órganos autónomos de estado sin que quede claro si este ir y venir de atribuciones permite mejorar las capacidades de los gobiernos estatales y municipales.
Especializar el trabajo del federalismo mexicano es prioritario para repensar sus perfiles sin poner en riesgo mayor el ya de por sí muy bajo aprecio por la democracia que hoy manifiestan los electores. Las exigencias ciudadanas no se ven atendidas y el desempeño de los gobiernos locales es pobre, entre otras cosas, por la confusa distribución de responsabilidades.
Una tarea ineludible es preguntarse: ¿cuál debe ser el sentido para avanzar en la redistribución de competencias? Se parte del supuesto que es necesario inyectar el principio de subsidiariedad como criterio para revisar el federalismo. Existe un consenso en que avanzar en esta materia supone reconocer la diversidad, ya que algunas administraciones tienen mucha potencia de gestión propia y otras apenas cuentan con un grupo de funcionarios. La pregunta que debe presidir este proceso de redistribución es cómo dar más poder a la gente y de esa manera evaluar el funcionamiento del sistema federal.
La construcción democrática pasa necesariamente por cambiar las variadas realidades subnacionales, y eso no tiene que ver solamente con la voluntad política de distribuir el poder entre el mayor número de individuos, sino de dotar a los gobiernos locales de diseños institucionales viables con gobernabilidad institucional y con una capacidad renovada de resolver, en el ámbito local, controversias entre municipios, así como entre ellos y el Ejecutivo estatal, y evitar que todo se convierta en competencia de la justicia federal.
El federalismo fiscal sigue siendo un pendiente, porque el esquema de finanzas públicas está profundamente distorsionado. Es necesario desarrollar capacidades en el nivel municipal que se complementen con una prioritaria profesionalización de los servidores públicos. No hay manera de tener gobiernos que ofrezcan resultados si buena parte de las estructuras administrativas siguen dependiendo de la lógica del botín político. Muchas de las funciones técnicas de los gobiernos locales están encargadas a los beneficiarios de ese botín. Un sistema de reclutamiento de esa naturaleza impide la formación de cuerpos profesionales y la continuidad de políticas públicas en temas tan sensibles como el transporte, el medio ambiente y la seguridad pública. Los gobiernos democráticos deben dotarse de órganos técnicos que resuelvan asuntos con una visión más amplia que aquella que, por naturaleza, tiene una administración municipal o incluso estatal.
Otro tema fundamental es que nuestra Constitución establezca, de manera explícita, en el artículo 115, la figura de los gobiernos metropolitanos. Hoy la mayor parte de la población vive en las grandes zonas urbanas que forman conurbaciones. Nuestra Constitución sólo se refiere a aquellas en las cuales colindan entidades federativas diferentes; por tanto, es vital establecer en la Carta Magna la organización de un gobierno que atienda la nueva realidad urbana y política de este país: el metropolitano.
* Periodista y analista
