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En la estación Centro Médico una mujer hace su transbordo cuando un hombre la jala del brazo para desviarla hacia la salida. Ella hace esfuerzos por zafarse mientras él dice que no haga drama, como si fuera un conocido. Ella grita que la deje, que no lo conoce y que le hablen a un policía. Nadie responde. Nadie se acerca. El hombre la jala con fuerza y le tuerce la mano. Ella lo golpea con la mochila. Finalmente, el hombre se aleja. Cuando la mujer acude con un policía, este responde que si el agresor se había ido no podía hacer nada.
Los casos de intento de secuestro a mujeres dentro y en los alrededores de las estaciones del Metro han sido documentados por colectivos de organizaciones civiles. Con testimonios de ataques ocurridos desde el 2001 hasta enero de 2019, las organizaciones han recabado y plasmado en un mapa tanto denuncias formales como las publicadas en redes sociales. Las historias son aterradoras, pero más terrible para las víctimas (y para los ciudadanos) era la falta de atención y seguimiento de estos casos que no son aislados.
Los esquemas de violencia contra mujeres, en espacios asociados al transporte público de la Ciudad de México, revelan la debilidad institucional que heredó la Procuraduría capitalina. Nos encontramos ante un ejemplo de impunidad sistémica. La violencia subsiste, se expande y se agrava en razón de la ausencia de métodos institucionales para hacer frente a ésta. Tal y como lo descubrió Alexander Fleming, no es que las bacterias sean fuertes, es que el entorno en el que viven es débil para combatirlas.
La procuraduría capitalina heredó un sistema de procesamiento de denuncias que prácticamente garantiza el fracaso de las investigaciones.
El primer error del sistema es concebir los delitos como eventos aislados. Nuestros ministerios públicos atienden casos, no fenómenos. Así, las denuncias son asignadas a los funcionarios de forma individual. Un delito, un caso, un funcionario. No existen procesos formales que relacionen una investigación particular con otra similar asignada a otra persona, incluso dentro de la misma oficina. Los miles de puntos de ocurrencia de un fenómeno se tratan como incidentes independientes. Es una revolución contra la lógica elemental de la epidemiología.
Tampoco ayuda el sistema de evaluación de ministerios públicos donde son premiados por llevar a juicio o concluir el caso a su cargo. Esto es nocivo porque denuncias con información escasa son desestimadas o nunca registradas. La práctica viola los derechos de las víctimas al pretender que éstas sean quienes deban aportar los elementos de prueba suficientes para resolver delitos. Pero, más críticamente, perdemos información que sólo puede valorarse y potenciarse a la luz de otros casos.
La forma de solucionar la emergencia del terror en el metro requiere emular la estrategia de los activistas. Se requiere de un sistema simple de denuncia desde una multiplicidad de medios; que recabe los incidentes con las propias narrativas de las víctimas, ubicando en el mapa y en el tiempo, los incidentes ocurridos.
Organizar el trabajo de investigación de esta forma se ha ensayado en la Fiscalía de Chihuahua bajo el nombre de Unidades de Análisis. Esfuerzos similares pueden también observarse en la Fiscalía de Guanajuato. En el mediano plazo, la procuraduría capitalina deberá adoptar herramientas de análisis de contexto para resolver grupos de casos y premiar también estos esfuerzos. Es algo que tomará tiempo pero que urge implementar para que estas historias no tengan más finales trágicos.
Abogada. @LaydaNegrete
