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La procuraduría capitalina está por iniciar la transformación de sus procesos para la investigación del delito de homicidio. Esto a partir de un diagnóstico externo encomendado por la propia institución. Es una buen noticia y una empresa mayor.
El mal desempeño en investigación de homicidios en la capital se explica, en parte, por una realidad que es común a otras entidades y que deriva de un diseño constitucional interpretado y ejercido de manera desafortunada. Esto es porque la Constitución Federal establece que la “conducción y mando” de toda investigación criminal corresponde al Ministerio Público.
En la mayoría de países, la misión principal de los ministerios públicos o fiscales es judicializar una investigación, en otras palabras, su tarea es litigar penalmente un asunto. Por lo tanto, lo que se busca en los fiscales, es una destreza legal. En estos países, la investigación, en cambio, está delegada primordialmente a la policía quien, estando en el terreno, se le percibe mucho más dotada de información de inteligencia sobre fenómenos delictivos que lo que podrían obtener un puñado de fiscales que pasan la mayor parte de su tiempo en sus oficinas y en tribunales.
En otros países, cuando hay un caso con probabilidades de ser judicializado, es la policía la que echa mano de los fiscales como asesores legales. Además, la policía se ayuda también de especialistas o peritos entrenados en resolver temas factuales. Este tipo de expertos pueden ayudar a definir, por ejemplo, las redes o vínculos entre un universo de números telefónicos, patrones en causas de muerte o la posible correspondencia entre dos muestras biológicas, entre miles de otros temas de hecho que deben abordarse para esclarecer un crimen.
En lo que sí coincide México con el resto del mundo, es que los ministerios públicos son quienes tienen la última palabra sobre la decisión de acusar formalmente a alguien penalmente y frente a tribunales. Pero como vemos, las dinámicas de colaboración entre la policía y la fiscalía entre México y la mayoría de los países, son diferentes. Nuestro error esencial ha sido delegar todos los temas de determinación de hechos en un perito en derecho.
Si uno estudia los complejos protocolos que en materia de homicidios deben de seguirse en la Ciudad de México, lo que queda claro de este diagrama es que actualmente no hay investigación que propiamente arranque si el Ministerio Público no lo determina. Además, hay procesos que una vez iniciados se pueden detener o modificar si el Ministerio Público así lo dispone. Nuestros fiscales son abogados con superpoderes, pues se les concibe como los jefes de la policía y de los peritos en la investigación.
La estadística de impunidad en el país sugiere que este modelo es ineficaz y de ahí que resulte prometedor que la procuraduría de la ciudad haya decidido revisarlo.
Hasta este momento parecería que la discusión es académica. No lo es. La discusión es política. Hay una estructura de poder que, si queremos cambiarla, no se logrará sin enfrentar una buena dosis de resistencia.
Inspirada en la política pública comparada, los ensayos que se avecinan en la procuraduría pasarán por dar más libertad a los policías de investigación. Por un lado, se contempla consolidar a un grupo especializado en violencia letal que pueda actuar en colaboración con ministerios públicos y peritos en un plano de mayor igualdad. Si esto llega a suceder, quizás podamos contar, en definitiva, con los detectives que tanta falta han hecho en la persecución de homicidios y otros delitos en esta capital.
Abogada
