En tan solo diez semanas, senadores y diputados del Congreso de la Unión han amasado una cantidad considerable de iniciativas legislativas tendientes a incrementar los años de prisión para una variedad de delitos. Los discursos que acompañan estas propuestas ofrecen menos crimen con tan solo modificar unas cuantas palabras a los textos legales existentes. Así, las propuestas van desde elevar penas por delitos de narcomenudeo en escuelas, pasan por incrementar sanciones a vendedores de gasolinas robadas y llegan al incremento de sanciones a quienes afectan la dignidad humana al desplegar actos de discriminación.
Los legisladores buscan exorcizar el mal por decreto: por el simple hecho de escribir y pronunciar en tribuna 10, 20 o 100 años, imaginan que el crimen desaparecerá, como si fuese una suerte de encantamiento.
¿Se están basando en algún estudio o es una simple inspiración?
Steven Durlauf y Daniel Nagin, profesores de las universidades de Wisconsin y Carnegie Mellon, respectivamente, se preguntaron cuál es el efecto de las penas sobre el crimen. Tras 40 años de políticas de encarcelamiento masivo en Estados Unidos que quintuplicaron la población carcelaria, estos investigadores revisaron centenas de estudios estadísticos tendientes a determinar si el incremento de los años en prisión logra reducir los delitos. Los hallazgos de Durlauf y Nagin son desesperanzadores para quienes creen en la reducción del crimen por plumazo desde una curul y deberían ser consulta obligada para nuestros representantes. Son tres sus conclusiones:
1. Incrementar penas tiene un efecto disuasivo minúsculo.
2. Incrementar presencia policial de calidad, en cambio, tiene un efecto disuasivo importante.
3. La cárcel tiene un efecto criminógeno. Esto quiere decir, que la exposición a la cárcel, por sí misma, eleva los riesgos de cualquier persona de delinquir en un futuro. Así, paradójicamente, la cárcel genera más crimen.
Vista de forma relacionada, la evidencia sugiere que la certeza del castigo tiene un efecto mucho mayor al que podría tener la severidad de la sanción, si de combatir el crimen se trata. Por ejemplo un diez por ciento de incremento en certidumbre de aprehensión reditúa mucho más que elevar las penas al doble (un cien por ciento de aumento). Es lógico, pocos profesionales del crimen leen el Diario Oficial de la Federación para consultar las penas que la Cámara y el Senado se esmeran en plasmar en sus iniciativas. Lo que sí les es evidente es que nuestro país es el reino de la impunidad, donde ser sancionado es una rareza estadística, por grave que sea el delito que se cometa.
La tentación inútil de incrementar penas para reducir el delito ha sido abandonada por países que gozan de buena seguridad. Mientras tanto, nada en la agenda legislativa mexicana apunta en la dirección que prescribe la ciencia. Nuestros representantes populares siguen perdidos; tratando de construir una pirámide comenzando por su punta.
Más que poner más años de prisión hay que poner más atención a lo que causa o propicia el crimen. La decisión de nuestro Congreso federal de poner penas más largas como medida de prevención de lo único que nos previene es de tomar las decisiones verdaderamente correctas.
Investigadora del World Justice Project