Los documentales suelen profesar su amor por lo disfuncional. Para variar, en Luces de la justicia penal retratamos lo que sí sirve. Es la búsqueda del arroz en el frijol. De lo bueno y posible.
Entre varios ejemplos, Luces retrata la confesión insólita de un sicario, donde admite su participación en una ejecución cometida a ráfaga de ametralladora. Ante una investigación impecable y evidencia balística precisa, el acusado no tiene más remedio que admitir lo que hizo. Las imágenes son difíciles de creer. Pero en Chihuahua estas escenas se miran cotidianamente. No sólo la confesión sucede en un ambiente videograbado y público, con una jueza presente. No sólo el acusado cuenta con un defensor que se sienta a su lado. No sólo no hay golpes, ni amenazas, ni tehuacanazo, ni bolsa de plástico en la cabeza. Es que, inmediatamente después de confesar, la jueza emite su sentencia. En cuestión de minutos, el caso está cerrado.
La posibilidad de obtener confesiones confiables, sin tortura, merece celebración. Fue el diseño de un nuevo sistema de juicio el que creó incentivos para esas confesiones voluntarias. El acusado prefiere admitir su delito con tal de obtener la pena mínima y así evitar años de cárcel. El estado se ahorra un juicio. Así, estas abreviaturas de juicio facilitan la confesión. Pero aun la posibilidad de obtener confesiones ante juez dependen de un cambio de gran magnitud, que parecería una obviedad. Antes, la mayoría de los juzgadores delegaban el trabajo de juzgar en secretarios. Los jueces no se aparecían en el juicio. Nuestra justicia penal era como orquesta sin director, aula sin maestro, barco sin capitán. ¿Por qué ahora sí van los jueces a los juicios? Quizá porque hoy quienes intervienen en audiencia hablan ante un micrófono y cuatro cámaras.
El andamiaje subyacente que hace posible estas confesiones sin violencia es el trabajo de la policía y de la fiscalía de Chihuahua. En el caso filmado, la policía detuvo el vehículo del probable responsable instantes después del incidente. La fiscalía logró empatar las armas en posesión del detenido con las balas encontradas en el cuerpo de la víctima y en el lugar de los hechos. En cuestión de minutos, había una detención; en cuestión de horas, pruebas contundentes, y en menos de una semana, una sentencia condenatoria. Los juicios abreviados ofrecen decisiones en días, en vez de meses o años.
Chihuahua no es un lugar común. Fue uno de los primeros estados en cambiar su sistema penal, aun antes de que existiese un mandato en la legislación nacional. El liderazgo lo ejerció la entonces procuradora Patricia González; ella contó con el respaldo del gobernador José Reyes Baeza y del Congreso de su estado, que creyó en su visión.
A casi una década la innovación de Chihuahua, se ha contagiado al resto del país, pero en pocos lugares el nuevo sistema de justicia penal se ha instalado tan bien como ahí. Hay quien hoy culpabiliza a los juicios orales de la nueva ola de violencia criminal que nos aqueja. Muchos de estos recientes ataques son injustos y provienen de gobiernos que encabezan los peores sistemas policiales y de procuración de justicia del país. Gobernadores a quienes los cambios no les convienen. Una contrarreforma amenaza con regresarnos al oscuro túnel del que apenas estamos saliendo. Por eso hicimos Luces de la Justicia Penal, que usted puede ver en la gira de documentales de Ambulante. Acompáñenos, para que estas luces, apenas encendidas, no se apaguen.
Candidata a doctora en Políticas
Públicas por la Universidad de
Berkeley. @LaydaNegrete