Nuestros legisladores ya están salivando el pago de marcha que les van a dar. Pero el periodo no ha acabado. Diputados y senadores tienen hasta el 30 de abril para realizar un trabajo esencial para fortalecer el Estado de Derecho. Se trata de las modificaciones constitucionales al artículo 102 que permitirán perseguir penalmente la corrupción orquestada en las altas esferas.
Si los legisladores hacen su trabajo, podrían cambiar la historia.
La procuración de justicia en México subsiste como engranaje del autoritarismo. La Procuraduría General de la República (PGR) es garrote y escudo al servicio del titular del Ejecutivo. Tenemos ejemplos añejos y nuevos.
En 2004, el presidente Fox intentó usar la ley penal en contra de López Obrador para evitar que su nombre fuera impreso en la boleta presidencial. Hoy, la inacción de la PGR en el caso Odebrecht sirve de manto de protección para los allegados al presidente que están implicados en el caso de corrupción del siglo.
Nuestro fiscal más importante es un empleado sometido al Ejecutivo, sustituible por capricho. La salida de Raúl Cervantes de la PGR, hace unos meses, es prueba de ello. Una vez que el Procurador se atrevió a indagar sobre el caso Odebrecht y a anunciar que la investigación estaba lista para ser judicializada, el presidente le dijo: te vas, carnal.
La longevidad de la primacía priísta en nuestro país habría sido imposible sin procuradurías encargadas de tergiversar cotidianamente los mandatos de la justicia elemental. Las acusaciones penales se reparten de forma desigual. La persecución penal se reserva para el adversario político o para el amigo que se volvió incómodo. En cambio, la protección para el aliado es total.
“La ley para mis adversarios, impunidad para mis amigos.” Debemos cambiar esta lógica.
Nuestros vecinos del sur nos ofrecen lecciones gratis de cómo se combate el abuso de mandatarios. Nos han llenado de envidia de la buena. Una de las recetas consiste en crear fiscalías fuertes, instituciones autónomas cuyo destino no esté hipotecado a la ocurrencia de los propios sujetos susceptibles de ser investigados. En estos países son inexistentes las relaciones tersas entre fiscalías y presidentes. Las fiscalías son otro poder y su deber es poner límites.
La alternativa resulta extraña para quien ha repetido de memoria la teoría de los tres poderes. Pero funciona.
Miembros de la sociedad civil bajo los colectivos FiscalíaQueSirva y VamosPorMás estamos decididos a que exista una fiscalía autónoma a nivel federal. Bajo el nombre #Reforma102, pedimos a los precandidatos a la Presidencia de la República y a los legisladores de los partidos que los postulan, que se comprometan a revisar a profundidad el artículo constitucional que da nombre al esfuerzo.
La tarea dista de ser cosmética. Por ello pedimos que se instalen cuanto antes, las mesas técnicas que logren modificar el marco constitucional antes de que se vayan. Les pedimos que hagan su chamba. Cumplan o no cobren.
La propuesta de una fiscalía autónoma en la víspera de las elecciones enfrenta resistencias que son lógicas. No es fácil convencer a aspirantes a la Presidencia y a sus partidos a que se comprometan a acotar un poder que fantasean como suyo.
Los ciudadanos no podemos distraernos, el tiempo apremia. Nos urge desmoronar un estilo de presidencialismo que no nos sirve. Una fiscalía autónoma podría ser el último clavo en la cruz de un viejo sistema, la estocada mortal que llegue hasta la empuñadura. Vale la pena enlistarse a la faena.
Candidata a doctora en Políticas Públicas
por la Universidad de California en
Berkeley. @LaydaNegrete