Los curiosos se suman en la calle para ver a los criminales desfilar: el Hombre Araña, Hulk, Iron Man. Agentes encapuchados confiscan las piñatas culpables y de paso apilan en sus camionetas adornos de “baby shower”. Hasta los chamoys del expendio de fiestas quedan detenidos, probablemente para futuras pruebas periciales. Nada escapa a la labor investigadora de la Procuraduría General de la República (PGR) que trae una supuesta denuncia de la compañía Marvel.
Sin mostrar orden judicial, los agentes vacían el negocio familiar de cuarenta metros cuadrados atendido por una mujer de la tercera edad y su hija. El objetivo no es cumplir la ley, es ordeñarla.
La PGR, a diario, extrae rentas que benefician a sus funcionarios. Es un gran negocio. La aplicación de la ley es selectiva y modulable. Los empleados ministeriales cobran por los distintos servicios que ofrecen: investigar, no investigar, detener, liberar, integrar mal un expediente, cerrar un caso, judicializar y desistirse en un proceso…
Este caso, no es un capítulo de La Rosa de Guadalupe es, trágicamente, un hecho de mujeres de la vida real. Era la tarde de un viernes. El impresionante operativo contra el “peligroso cártel de las piñatas” era digno de un Oscar. En los puntos de ejecución, un convoy de camionetas y patrullas bloquearon los puntos de acceso. Una veintena de agentes descendieron vestidos de negro, con armas largas, encapuchados, rodearon la cuadra, la plaza, la tienda. La acción fue rápida. Un despliegue de terror.
Por un momento, el operativo confunde: ¿son delincuentes o son autoridades? Son ambos.
El responsable del operativo ocultó su nombre y su placa, se mantuvo encapuchado como verdugo. Conservando el anonimato exigió papeles a la víctima. La vendedora de piñatas mostró una carpeta ordenada con facturas, incluyendo aquéllas que amparaban la fabricación cuidadosa en papel maché de los héroes de otro país que hemos aprendido a amar y que tanta falta nos hacen. Fue inútil. La dueña fue escoltada hasta una camioneta sin ventanas en donde encontró a otros miembros de la comunidad del giro. Con ella, llevaban a cerca de diez comerciantes.
Ya en la PGR empezó la danza de la extorsión. Los miembros del inaugurado cártel de fiestas infantiles recibieron trato deferente, incluso palabras de aliento de sus propios captores: “Ya los van a sacar, no se preocupen, ya están negociando”.
Los agentes federales, solícitos, abrieron canales de comunicación con los familiares de los detenidos. Las interacciones ayudaron a sopesar la capacidad económica de los cautivos. Fue información clave para articular precios a la medida. Las tarifas no son fijas. Actuaron igual que secuestradores, la única diferencia es que estos delincuentes son pagados por nosotros.
Tras reunir doscientos mil pesos nuestra víctima fue liberada sin daño ni cargos, porque, en realidad, nunca hubo denuncia ni delito.
La PGR funciona muy bien para unos cuantos. Es eficaz para el Ejecutivo Federal, para exonerar a sus Duartes, sus Robles y sus Meades, para perseguir a sus Anayas y adversarios. También sirve a sus funcionarios para engordar su cochinito.
Pedirle a la PGR que un día logre combatir el crimen organizado es como pedirle al cáncer que cure al cáncer. Como un tumor maligno hace metástasis y se propaga. Un día ataca a las piñatas, otro día combatirá los alebrijes y las flores. Pero sin importar a quien le toque, siempre nos toca.
Las mejores evidencias que ha presentado la PGR son las que confirman que es una institución sin remedio. Por eso ha llegado el momento de extirparla. Hasta entonces, los ciudadanos empezaremos a recuperar la salud democrática.
Candidata a doctora en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley. @LaydaNegrete