Las cifras de homicidios que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México (SESNSP) no son confiables. Un estudio reciente de México Evalúa denominado Fallas de Origen explica cómo estos datos, los más usados para monitorear los niveles de violencia en el país, son presa de la discrecionalidad de gobernadores y fiscales quienes no logran vencer la tentación de maquillar sus estadísticas para salir mejor retratados en su desempeño en seguridad.
El Índice de Confiabilidad de Estadística Criminal (ICEC) de México Evalúa se enfoca principalmente en los homicidios accidentales (culposos) y los intencionales (dolosos). Busca identificar qué entidades producen estadísticas delictivas confiables y consta de cuatro componentes que, de paso, ponen a prueba la información proporcionada por el Secretariado.
El primer mecanismo de evaluación, quizás el más contundente, consiste en comparar la estadística de homicidios recabada por el Inegi con la publicada por el Secretariado. El método es simple porque compara dos estadísticas oficiales sobre un mismo fenómeno. Es como tener dos termómetros autorizados para determinar la temperatura de un lugar. Resulta que estos termómetros tienen lecturas distintas y es esta discrepancia entre las mediciones la que nos ofrece una primera presunción de la alteración de las cifras.
Para entender las discrepancias, pero sobre todo, para entender los incentivos que habrían de existir para alterar las cifras, es necesario saber aspectos mínimos de los dos procesos de medición de la violencia letal. La estadística de homicidios que reporta el Inegi proviene de la clasificación médica contenida en actas de defunción, un documento emitido por nuestro sistema de salud. La estadística del Secretariado, en cambio, deriva de agregar las investigaciones por homicidio en procuradurías y fiscalías y es generada por estas instituciones. Los primeros datos están bajo el control de médicos, mientras los segundos están bajo el control de abogados. La primera estadística está sujeta a un proceso de validación en la que interviene el Inegi para supervisar la ausencia de registros duplicados y discrepancias que apunten a errores; la segunda estadística carece de procesos de control de calidad.
Como muestra Fallas de Origen, las autoridades de las entidades federativas tienden a reportar menos homicidios que el Inegi de manera global. El patrón se ha vuelto sistemático desde hace una década. ¿Por qué? Muy sencillo: dado que los ejecutivos locales tienen la presión de mantener los índices delictivos a la baja, ante la imposibilidad de hacerlo, recurren a la magia del maquillaje numérico para dibujar una realidad inexistente. Son los alumnos evaluándose a sí mismos.
El SESNSP ha cometido un error histórico en pretender crear un sistema de estadísticas delictivas carente de controles de calidad. Para poderse usar como un referente de seguridad en el país, hoy tiene la responsabilidad de hacer a un lado el papel de vocero y tomar el papel de auditor. Tiene que dejar de tomar como válidos los reportes de las autoridades estatales y analizar los datos con el cuidado que otros organismos federales tienen al observar el uso y destino de los recursos económicos.
El truco del maquillaje estadístico ha probado ser eficaz para administrar percepciones y ha resultado pésimo para la búsqueda de soluciones. Estudios como el de Fallas de Origen tiene las pistas de a quiénes hay que vigilar para acabar con esta perniciosa práctica.
Abogada