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El Índice de Estado de Derecho en México, publicado por el World Justice Project (WJP) la semana pasada, nos muestra el tamaño y ubicación de un padecimiento ya conocido. México está gravemente enfermo de ausencia de Estado de Derecho.
Es un termómetro. Visto en una escala de colores, la gran mayoría de las entidades federativas se muestran rojas y naranjas, tienen fiebre. En el mejor de los mundos posibles, tres estados alcanzan apenas un color amarillo: Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas. Pero en el lado opuesto, encontramos a un Guerrero pintado de morado porque ningún rojo es lo suficientemente subido para explicar la tragedia que ahí se vive.
No sólo hay ausencia de Estado de Derecho, vivimos una ausencia de Estado.
La mayoría de nuestras notas reprobatorias apuntan a la debilidad de dos instituciones esenciales para el Estado: policías y fiscalías. No es una sorpresa. Varios sexenios de negligencia en la construcción de modelos policiales y de investigación criminal democráticos nos colocaron aquí, en la cresta de una epidemia de violencia letal que ni se previene, ni se investiga, ni se castiga.
Policías y fiscalías están ocupadas en otra cosa, principalmente en proteger al presidente y los gobernadores, a sus amigos y sus socios. Nuestras instituciones hacen puntualmente lo que se les ordena y exactamente lo opuesto a lo que espera el ciudadano. Por eso la criminalidad sin castigo es la regla y la corrupción es el color que pinta todos nuestros paisajes.
En la ruta de lograr combate parejo del crimen, sin palanca ni tapadera, está la reforma de los ministerios públicos locales y el federal que hasta ahora han encarnado principalmente bajo el nombre de procuradurías y que, poco a poco, han ido mutando nominalmente hacia fiscalías.
¿Qué se requiere para que las futuras fiscalías funcionen? Estoy convencida que las investigaciones penales no pueden estar sujetas a mangoneo. De ahí que hablemos de la necesidad de investigadores con autonomía suficiente para perseguir y encarar a quienes detentan poder formal o fáctico; que no salgan despedidos al primer caso que toque al círculo rojo. Perseguir a los corruptos organizados y el crimen complejo requiere de esta fuerza. Nos parece una condición necesaria.
Pero el poder y la independencia de la acción penal no es suficiente. También existe el reto técnico de garantizar medios modernos de investigación. Esto pasa por ampliar la investigación forense que hoy se desarrolla de manera desigual en las entidades federativas. Obliga a hacer crecer los servicios periciales y comprometerse al estudio del crimen en su contexto, bajo patrones determinados por espacio, tiempo y perfil de víctimas, entre otras cosas. Menos armas y más ciencia.
¿Por qué no se han creado las capacidades técnicas para perseguir el crimen? Nuestros procuradores dicen que les falta presupuesto. Organizaciones de la sociedad civil dicen que falta voluntad política. Ambos tienen razón. El día que exista una determinación de Estado, con o sin autonomía, iremos a buscar las soluciones técnicas que el problema demanda y las financiaremos en el ecosistema presupuestal que toda política pública enfrenta.
Pintar el país de verde. Desde hace nueve años que el WJP mide el Estado de Derecho en el mundo, colorea los países con mejores calificaciones con tonos azules y verdes. El cambio de administración federal ofrece una oportunidad hacia esta transición cromática. Ojalá se aproveche.
Investigadora del World Justice Project
