Una de las principales demandas de la ciudadanía descansa en la necesidad de sentirse seguros en las calles, escuelas, lugares de trabajo, transporte público, en su hogar; como respuesta a dicha demanda, la reciente administración ofreció un endeble plan que traería consigo estabilidad y un estado de paz.
Sin embargo, cifras en el Reporte sobre delitos de alto impacto, abril 2019, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Seguridad, Justicia y Legalidad muestran una tendencia al alza de varios delitos, durante los primeros cuatro meses del presente año las tasas de los siguientes delitos aumentaron: víctimas de homicidio doloso y feminicidio un 6.71%; secuestro un 24.30%; extorsión un 36.41%; trata un 19.61% comparados con el año pasado 2018. De igual manera, los casos de robos con violencia crecieron 4.10%; robo a negocio 10.46%; robo a transeúnte 15.26%; violaciones 20.80% y narcomenudeo 13.09%.
Lo anterior, apuntala a ser una constante que no cambiará, por lo menos en los próximos meses y la realidad ciudadana, se ve traducida en eventos como el secuestro de Norberto Ronquillo y Hugo Leonardo Avendaño Chávez, casos que ponen en evidencia la falta de coordinación entre las autoridades, y la necesidad de robustecer las instituciones encargadas de brindarle seguridad al ciudadano de a pie.
Mientras tanto, el discurso político ha sido claro, en reciente declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy, sostienen que, en el caso especifico de la Ciudad de México, no se tiene evidencia de una crisis de inseguridad, es decir, su discurso va en una línea muy distinta a la revelada por los hechos y las cifras.
La voz de las autoridades ha sido ambigua y en el mismo sentido, este lunes Claudia Sheinbaum, presentó el Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio a la Población, figura que sustituye al cuerpo de granaderos, y quienes, en palabras de la Jefa de Gobierno, actuaran con base en el respeto a los derechos humanos, sin dar detalles claros sobre su actuación.
Lo anterior acontece a escaso tiempo de que empiece a operar la Guardia Nacional, y parece preocupante que no se tenga claridad sobre la realidad en la que estamos sumergidos, pues más allá de un simple juego de palabras, el no reconocer que sí existe una grave crisis de inseguridad puede cambiar el rumbo de cualquier estrategia o plan que se diseñe para devolverle a la ciudadanía la paz que espera y merece.
No es la primera, ni la última vez, que los hechos y el discurso se contraponen. Si bien, es prematuro evaluar las acciones de los nuevos gobiernos, lo que hoy vemos constituye una pista que habremos de seguir desde el ONC. Recordemos que el Gobierno de la Ciudad de México no participó en el proyecto Por Un México Seguro, negándole a la ciudadanía, la posibilidad de conocer qué es los que están haciendo en materia de seguridad pública, más allá de las coyunturas políticas de las últimas semanas.
Karen Pérez García
Coordinadora de Marketing Digital
Observatorio Nacional Ciudadano
Seguridad, Justicia y Legalidad