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La más reciente elección federal transformó el escenario político del país. No sólo definió una alternancia en el Poder Ejecutivo, sino que cambió también la conformación del sistema de partidos y el balance de fuerzas al interior del Congreso. Por primera vez en dos décadas, la coalición del Presidente de la República tendrá una mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso, lo que le permite aprobar cualquier ley ordinaria.
Esta realidad resuelve lo que por muchos años ha sido observado como un talón de Aquiles de la democracia mexicana: la parálisis provocada por gobiernos divididos. Sin embargo, también recuerda una de las debilidades históricas del presidencialismo mexicano en el siglo XX: la falta de balance de poderes y de un ejercicio de pesos y contrapesos entre ellos.
En los próximos años, el Congreso debe refrendar su rol constitucional como poder autónomo, privilegiando la división y el equilibrio entre poderes, así como fortaleciendo su fiscalización del Poder Ejecutivo. La ausencia de un gobierno dividido no debe suponer la ausencia de contrapesos entre poderes, lo mismo que la existencia de una mayoría partidista no debe ignorar el pluralismo reflejado en la elección de más de ocho partidos políticos, que representan distintas expresiones de la sociedad.
El pluralismo observado en la conformación del Congreso deberá reflejarse en la integración de las comisiones legislativas y órganos de gobierno de ambas cámaras; así como en la discusión amplia y profunda de los diferentes asuntos en sus plenos. La existencia de una mayoría no debe eximir al proceso legislativo de la reflexión seria sobre las implicaciones de una reforma.
Decisiones como la designación de funcionarios públicos pendientes, la aprobación de un presupuesto de egresos responsable, la construcción de una legislación laboral que fomente el diálogo tripartita, la ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como la revisión de las reformas y leyes hechas en el pasado deben hacerse de manera responsable.
La discusión legislativa debe incorporar criterios técnicos y no sólo políticos para generar leyes que verdaderamente resuelvan los problemas de los mexicanos. Por ejemplo, la reciente discusión sobre los ingresos de los servidores públicos debe sopesar los beneficios de un uso más eficiente del gasto, con los costos en la pérdida de talento en áreas estratégicas del gobierno. Si bien es indispensable transferir recursos del gasto corriente a la inversión, también es fundamental que se garantice que la administración pública cuente con los funcionarios más capaces y comprometidos.
La excelencia de la democracia depende de la calidad de las instituciones políticas y el próximo Congreso enfrentará el reto de demostrar su fortaleza en relación con el Ejecutivo. Los nuevos legisladores deberán garantizar un ejercicio democrático del poder, que respete la diversidad de opiniones en la sociedad y los derechos individuales de todos los mexicanos.
Presidente del CCE
