A diario millones de personas venden y compran a desconocidos; miles de inversionistas apuestan por proyectos que no controlan, y decenas de instituciones financieras otorgan crédito a clientes con poco o nulo historial crediticio. Todo ocurre por un valor fundamental para la sociedad y la economía: la confianza. Las personas decidimos al considerar qué tan predecible será un resultado o qué tan probable será el cumplimiento de un compromiso.
En las últimas semanas, algunas decisiones han afectado la confianza en el país: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el trato a la autonomía técnica de organismos reguladores, la consulta de otros proyectos de infraestructura y política pública al margen de la ley, así como iniciativas con impacto directo en los mercados financieros, sin dialogar con todos los actores relevantes.
No se trata de cuál es el sentido de una decisión, sino sobre qué base se toma y a costa de qué compromisos previamente adquiridos o mandatos legalmente vigentes. Las decisiones de inversión pública deben tomarse por las necesidades que atiende y la rentabilidad que supone para la sociedad, no por motivos ideológicos. La justificación política por encima de la reflexión técnica genera incertidumbre sobre las futuras decisiones del gobierno.
En México se ha minado la confianza, por ejemplo, en futuros proyectos de infraestructura. En consecuencia, los mexicanos tendremos menos proyectos con lo que se generarán menos empleos, y tendremos que financiar obras más costosas porque las condiciones serán menos competitivas. Y esto no significa que los mercados financieros manden, sino que reaccionan a una realidad de incertidumbre.
Las acciones son más fuertes que el discurso y los inversionistas que compraron bonos del NAICM en los mercados nacional y extranjero lo hicieron apostando no solo por los flujos que genera el aeropuerto actual y sus ingresos futuros, sino también por la certidumbre brindada por las autoridades responsables del proyecto. Hoy, esa expectativa se ha cancelado afectando la reputación del país.
Esta forma de justificar y tomar las decisiones gubernamentales ya ha tenido un impacto relevante: las acciones de operadores aeroportuarios e instituciones financieras cayeron, el peso se depreció y los bonos soberanos a 10 años anotaron su mínimo en lo que va del año. Sobre todo, se ha generado una lectura de incertidumbre con respecto a la fortaleza del Estado de Derecho y el clima para hacer negocios en México.
A lo largo de los últimos años, tanto la teoría económica como la evidencia empírica nos han mostrado que la racionalidad individual es insuficiente para controlar el riesgo en la economía. Hemos confirmado que necesitamos instituciones y prácticas que reduzcan la incertidumbre, transparenten la información y estimulen la cooperación en la sociedad. En el sector privado, hacemos votos porque el próximo gobierno decida abonar a la confianza como cimiento del crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos.
Presidente del CCE
