Estamos muy próximos a llegar al segundo aniversario de la fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a los 4 integrantes de SMART para efecto de concedernos la razón en cuanto a que la política prohibicionista de drogas en tratándose de mariguana es contraria a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. La pregunta obligada es en estos momentos ¿qué ha pasado desde entonces? Tristemente debemos reconocer que ha pasado mucho menos de lo que en un país de instituciones sólidas y funcionarios razonables debiera suceder. Me explico.
Desde el 4 de noviembre de 2015 ciertamente surgió a la luz pública la necesidad de platicar, para una gran mayoría de la población por primera vez, sobre la verdadera esencia y mérito de una política pública que en una resolución histórica el máximo tribunal del país decretó su anti-constitucionalidad. A partir de ese momento generamos una serie de carpetas, folletos y conferencias para dar a conocer los alcances del amparo, y sobre todo de los datos duros sobre lo que en el país ha venido sucediendo en la materia durante muchos años, y particularmente durante la última década. Dichas cifras abundan y son contundentes. La política de drogas es un desastre por donde se le vea. Así de claro y sencillo.
En esta situación de origen histórico se han acumulado muchísimos errores y circunstancias. Citemos en el exterior un par de temas. Los más importantes tienen que ver con lo que toca al vecino país del norte. Ahí está el mercado de consumo de drogas más importante del mundo. Y fueron ellos quienes en los 90’s decidieron cerrar la ruta de acceso por el Caribe a drogas provenientes de Sudamérica, haciendo de nuestro país la vía más importante de suministro y de paso generar los carteles más poderosos para tales efectos. Agreguemos la segunda enmienda constitucional que en los EUA permite la venta y comercio de armamento en general, mucho del cual es de igual o mayor calibre que el que en muchas ocasiones tienen acceso las fuerzas de seguridad pública y armadas en nuestro país. La combinación de dichos factores es letal porque le ha generado a la delincuencia organizada las bases de una operación de flujo económico extraordinario, y la capacidad de compra de equipo para librar una batalla con quienes quieran erradicar su negocio.
En nuestro país la decisión de enfrentar militarmente a la delincuencia es quizá el factor que más ha incidido a contribuir a la escalada de violencia y desorden que hoy está destrozando la calidad de vida y seguridad de la gran mayoría de los mexicanos. Esa pésima estrategia que sigue vigente desde entonces y hasta nuestros días, únicamente ha puesto de manifiesto la incapacidad del Estado Mexicano de lograr resultados frente a las organizaciones criminales. La razón es muy sencilla, el negocio de la delincuencia, particularmente en lo que a estupefacientes se refiere, es tan rentable que permite y fomenta el que la defensa de su operación se realice con suma convicción y eficacia. Las estructuras que en teoría se debilitarían con la captura de grandes jefes, lo que propiciaron fue la pulverización y multiplicación de muchas bandas que han generado un desorden en su composición, una explosión de violencia y muchos más enemigos frente a las autoridades.
Y es ahí donde las autoridades han fallado. Si tan solo se atrevieran a reconocer que el problema de fondo radica en que el problema es de la rentabilidad de un negocio ilícito, entonces podríamos entender mucho mejor la ruta de salida específica. Un problema de salud pública se convirtió en uno de seguridad pública merced de la prohibición de drogas que se nos impuso desde los años 40’s y que se reforzó en la década de los 70’s y posteriormente con las exigencias de enfrentamiento a la delincuencia organizada (una gran paradoja en la actualidad cuando los EUA ya van a nivel estatal en más de 30 entidades en una ruta muy distinta en lo que a mariguana se refiere).
La gran tragedia además radica en que en nuestro país el 17 de febrero de 1940 a través del Reglamento Federal de Toxicomanías publicado por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas ya se había entendido que el tratar por la vía penal, violencia y armas la posible restricción de siembra, cultivo, distribución, venta, portación y consumo de drogas era un error descomunal porque dilapidaba recursos, evitaba utilizar las capacidades de salud y de prevención estatales, saturaba las prisiones, debilitaba instituciones públicos, desviaba las prioridades de policías, y finalmente otorgaba una jauja financiera a la delincuencia. Tremendos hallazgos que hoy mucha falta hacen en el léxico de nuestra clase política. No lo vemos y nos duele ver semejante incapacidad de entender la realidad de lo que pasa en el país.
Así es que llegamos a nuestros días con un panorama desolador. No existe una sola razón, factor, resultado o cifra que apoye ni remotamente el porqué seguir aplicando la política prohibicionista de drogas. Y lo sabemos por partida doble. Durante ya más de 8 años no hemos encontrado una sola evidencia que lo apoye. Pero quizá más contundente, las autoridades dedicadas a su aplicación no articulan nada para sostener su supervivencia. Y créanme que si los tuvieran los harían valer. No lo hacen porque no los tienen. No existen.
Tenemos un escenario complejo por la gravedad de los problemas que enfrentamos, pero relativamente sencillo para determinar como resolverlo. Ante tal acumulación de evidencia contra la política de prohibición de drogas, solamente encontramos 3 razones posibles para explicar lo que pasa hoy en día: (a) las autoridades son ingenuas e incompetentes porque no entienden lo que pasa en el país (lo que es difícil comprender porque tienen la misma información que nosotros tenemos y mucha más con un impacto seguramente más artero y contundente de la inviabilidad de lo que hacen); (b) las autoridades son cómplices de la delincuencia organizada (y no porque necesariamente sean socios directos de la delincuencia – aunque en muchos casos no lo descartaríamos – sino porque el gasto público y ritmo de erogaciones permite un enorme dispendio de donde salen moches, comisiones y abusos a los que nos tienen tan acostumbrados); y (c) la única otra opción es alguna combinación de los dos factores anteriores.
Si todos los datos apuntan contundentemente a que la política pública de prohibición de drogas no funciona y que nuestro país debe regresar a tratarlo como un tema de salud pública, entonces hay que plantear porqué seguimos en esta ruta perdedora. Sabemos que la legislación que soporta la prohibición es anti-constitucional. Otros países ya van en una ruta regulatoria y nos estamos quedando solos en esta pugna pírrica. Finalmente, tenemos la imperiosa necesidad de fortalecer a las instituciones públicas de procuración de seguridad y justicia y de debilitar a las organizaciones criminales (que además de un negocio súper rentable, se han encargado de multiplicar sus negocios e impactarnos con secuestro, extorsión, robo, homicidios, trata de personas, etc., además de ejercer el control en grandes partes del territorio nacional y particularmente en todo el sistema penitenciario nacional).
Por ello tenemos ahora enfrente una ecuación relativamente sencilla. La operación y pregunta es si las autoridades quieren estar del lado de la Constitución, la lógica y el sentido común, o si prefieren seguir favoreciendo los intereses de la delincuencia organizada y el bienestar de su negocio ilícito. La pregunta la deben responder el presidente, su gabinete, senadores, diputados, gobernadores, pesidentes municipales, y en general todo servidor público con cualquier participación en la materia. Debemos exigir que se pronuncien de una buena vez para saber de qué lado se encuentran en esta situación binaria. De su respuesta debe depender en gran medida lo que la población dedica hacer en los meses por venir al escuchar sus propuestas y pronunciamientos en las vísperas del proceso electoral 2018. Seamos exigentes y contestatarios para que no nos sigan engañando como han estado acostumbrados a hacerlo, en particular en todos los temas que inciden en cuestiones de corrupción e impunidad. Estamos frente a uno de los frentes que de mayor forma contribuyen a dichos temas que son quizá los 2 problemas más importantes que enfrenta el país. Por ello nuestra exigencia de una respuesta puntual y absoluta en que no admite sino una u otra opción. Al hablar de la seguridad y justicia del país no se vale seguir navegando con la bandera de la estupidez o la ignorancia.
Secretario general de México Unido Contra la Delincuencia