Escenarios dantescos son los que estamos viendo a lo largo y ancho del país. Si no son descabezados en un lado, son cuerpos disueltos en otro. Personas colgadas de puentes, y muchas víctimas sin nombre aparente. Y ahora más recientemente, ya no solamente fosas clandestinas con cientos de cuerpos, sino incluso en un ejemplo claro de la dimensión inhumana en el comportamiento de las autoridades, cajas de camiones repletas con casi 300 cadáveres en putrefacción. Y el peligroso fenómeno de que el paisaje urbano se convierte en algo usual y aceptable.
Eso no está bien.
Está claro que estamos en una ola de violencia que parece no tener fin. En reciente artículo del Wall Street Journal incluso se dice que Latinoamérica y particularmente México es la sede mundial del homicidio doloso.
Los que crecimos con otra calidad de vida sí podemos reclamar que esto no es normal y que no tenemos por qué acostumbrarnos a semejante calamidad.
El problema evidentemente es multifactorial, pero es momento de hacer un alto en el camino. En este ejercicio paso obligado es checar el origen de la fortaleza financiera de la delincuencia organizada, y ese análisis pasa necesariamente por revisar la prohibición del uso de drogas.
En este proceso llama la atención el pronunciamiento de la Comisión Global de la Política de Drogas (CGPD). Conforme a sus más recientes estudios y conclusiones, la CGPD sostiene que la políticas prohibicionistas de estupefacientes no han hecho nada de lo que pretendían lograr en cuanto a limitar la oferta y abatir el consumo; por el contrario, se han multiplicado los oferentes, ha crecido el consumo, y los precios se han reducido. Una barbaridad porque los objetivos no se satisfacen, y a cambio se da luz a un mercado ilícito en el que hay un nivel de ingresos por los que se pelean organizaciones delincuenciales con despliegue de violencia y de reto abierto a las autoridades, con la capacidad de corromper a las que se dejen, o de contener o incluso matar a las que se opongan.
Las conclusiones de la CGPD son lapidarias. Los países que sigan en la ruta de la prohibición de drogas simplemente encontrarán mayor desolación, destrucción de instituciones, y violencia sin control. A pesar de que hace años la referencia obligada de lo malo que sucedía en la materia era Colombia, ahora ese indigno lugar lo tiene México. Estamos en la ruta perdedora por donde se le vea. La pregunta es cuántos más datos de las nocivas consecuencias de esta despreciable política tenemos que seguir acumulando para que nuestras autoridades (salientes y entrantes) decidan con toda responsabilidad y fuerza dar el giro en el timón que urge tomar.
Lo que vemos hoy es la creciente responsabilidad de los encargados de ejecución y soporte de una política pública absolutamente inviable, inoperante, contraproducente, ilógica, absurda y contradictoria. Así llegamos a esta época en que finalmente la información es ya imposible de ocultar y en esta coyuntura particularmente relevante lo que nos dice la CGPD.
Pero lo bueno es que estamos ya en la cúspide del punto de no retorno, porque el país no aguanta más impactos en violencia e impunidad. Ante el cúmulo de razones y datos duros es que nos atrevemos a decir que el paso a la regulación de estupefacientes y el fin de la prohibición es inaplazable.
Muchos preguntan si estamos listos para este cambio. La respuesta es que no podemos seguir por una ruta que hace de nuestro país literalmente un cementerio nacional. Ese es el panorama que tenemos que cambiar. No perdamos un segundo más y validemos en los hechos las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Global de la Política de Drogas.
Secretario General del Consejo de México Unido Contra la Delincuencia