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El 15 de enero, en su conferencia matutina, el Presidente dijo: “Vamos a preguntarle a la gente si quiere que se enjuicie a los ex presidentes del periodo neoliberal desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, porque la crisis en México tiene que ver con las políticas llamadas neoliberales, una política de pillaje que se aplicó en todo ese periodo”.
Algo similar había dicho en noviembre, ya como presidente electo, e incluso fijó una fecha para realizar esa “consulta”, el 21 de marzo de 2019. Además, el mismo 15 de enero apuntó: “Aunque esto lo va a decidir la gente, mi opinión es que optemos por el punto final, y pasar hacia adelante, y no irnos por la tangente de estar como siempre solo castigando chivos expiatorios”.
No quiero pensar siquiera que en algún momento se active una fórmula como la esbozada. Pero no hay que dejar pasar esas expresiones porque de suceder implicaría no solo vulnerar los procedimientos judiciales para juzgar a cualquiera, sino que se estaría inaugurando una especie de linchamiento (o exoneración) público apadrinado desde la Presidencia.
En la nebulosa formulación parecería que a los ex presidentes se les juzgaría por sus “políticas neoliberales”. El monumental problema es que impulsar esas u otras políticas no constituye ningún delito. Por supuesto que se les puede combatir, denunciar, adjetivar, tratar de revertir, derrotar, pero desde el campo de la política, del debate público, de la confrontación en los congresos, desde la deliberación en la academia, los medios y las redes y súmele usted. Pero en ello nada tienen que hacer fiscales y jueces. No es un asunto judicial sino político y pretender llevar la cuestión a tribunales no sería más que el anuncio del fin de la legitimidad de la coexistencia de la diversidad político-ideológica.
Ahora bien, si cualquier ex presidente (cualquier persona) cometió algún delito, los encargados de impartir justicia no lo pueden disculpar, tienen que actuar en consecuencia. El ejercicio de la acción penal no debe ser potestativo, discrecional. Si cualquier autoridad conoce de algún delito está en la obligación de denunciarlo. Y si son las responsables de perseguirlo no pueden mirar a otra parte, sin que puedan ser acusados de cómplices. En materia de impartición de justicia, las distintas autoridades (policías, ministerios públicos, jueces) tienen la obligación de actuar. Y no se le pregunta a la gente para evitar lapidaciones, para no politizar la impartición de justicia, para no convertir en un circo el necesario castigo a los culpables, en suma, para que la justicia no se convierta en venganza y/o espectáculo y por otro lado para que la impunidad no sea una constante de la vida pública.
Llama la atención que se enuncien a ex presidentes desde 1988 hasta 2018 y que no se especifiquen los presuntos delitos por los que serían eventualmente sancionados. Todos juntos, mezclados y revueltos, sin reparar en que la justicia, para merecer ese nombre, debe ser singular no en bloque.
Se olvida, además, que el procedimiento de consulta se encuentra regulado desde la Constitución. Ahora Andrés Manuel López Obrador encabeza el gobierno y no puede hacer lo mismo que hizo con las pseudo consultas anteriores porque entonces era un particular. Y solo en una pesadilla delirante puedo imaginar que la Corte —que debe resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta— pueda avalar un ejercicio como el enunciado por AMLO.
De lo dicho por el Presidente resulta “curioso” y preocupante la idea de que o mejor ponemos punto final o se construyen “chivos expiatorios”. Se trata de una disyuntiva falaz. La justicia consiste en no cerrar los ojos y en no montar culpables a modo (chivos expiatorios). Creo que los colaboradores del Presidente están obligados a instruirlo de que la justicia no es un juguete en manos del Ejecutivo, sino una aspiración y un valor que solo puede ser consolidado siguiendo los procedimientos que fija la Constitución y la ley.
Profesor de la UNAM
