¿Alguien sabe de manera puntual lo que al final del presente gobierno se habrá deteriorado o destruido o fortalecido de esa constelación de instituciones que por economía de lenguaje llamamos Estado? ¿Lo sabe el Presidente, lo están midiendo en la Secretaría de Hacienda? ¿No sería conveniente hacerlo público? ¿Conocer cómo imaginan que será el Estado en 2024? Porque los despidos, la disminución de salarios, la clausura de programas, la reestructuración de secretarías y dependencias, la cancelación de contratos, algún impacto tendrá en el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Se han sustraído recursos a diestra y siniestra para invertirlos en otras prioridades. Y en efecto, dado que los recursos son escasos para el cúmulo de necesidades que hay que atender, en principio puede ser racional una reasignación. Pero nadie se ha tomado la molestia de explicar la guía completa de esa operación. De dónde salen y a dónde se dirigen. Qué se logra y qué se dilapida en cada caso.
Sabemos, en términos generales, que el gobierno impulsa tres grandes proyectos de infraestructura: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; que desea recapitalizar a Pemex y fortalecer y ampliar programas sociales de transferencias monetarias. Sabemos también que se clausuraron las estancias infantiles, los centros públicos de investigación han visto disminuir sus presupuestos, los salarios de los funcionarios públicos han sido rebajados, se han cerrado comedores comunitarios, la promoción turística se evaporó, los órganos estatales autónomos hoy reciben menos recursos que en el pasado, en los hospitales públicos se han incrementado las carencias, desapareció el INEE, proyectos de investigación relevantes han sido suspendidos, el dinero para la cultura será menor, funcionarios que trabajaban bajo el régimen de honorarios (una forma tradicional de no reconocer derechos) han sido despedidos, y sígale usted.
¿No sería entonces pertinente hacer un balance de lo que se gana y pierde con ese manejo presupuestal? Porque es de temer que sin suficientes instrumentos de navegación la desembocadura de la actual política puede resultar desastrosa. Recordemos, porque al parecer hace falta, que muchas de las instituciones son fruto de largos años de inversión en recursos materiales y capacitación y profesionalización de su personal.
Lo que tenemos a cambio es un discurso gubernamental vaporoso que conjuga en diferentes dosis nociones generales indeterminadas. Se trata —dicen— de combatir la corrupción (sin duda una realidad, pero que conforme pasa el tiempo más bien parece una coartada. Por ejemplo, se afirma que en las nóminas el 30 por ciento eran “aviadores”. ¿Podríamos conocer dependencia por dependencia las cifras? o se trata más bien de un cálculo silvestre, bueno en términos publicitarios, pero insuficiente para evaluar esa realidad); de mantener sanas las finanzas públicas y ello aderezado de un intenso prejuicio antiestatal, imposible de ocultar.
No parecen existir diagnósticos finos de lo que sucedía en cada dependencia (y si existen se encuentran a buen recaudo), por lo que se ha procedido a recortes generales, “buenos” para lo que funciona y no, para lo que resulta estratégico y lo que puede ser superfluo, lo que tiene una importante reverberación social y lo que resulta inútil. Todo, al parecer, pasa por el mismo rasero y la barredora se está llevando lo bueno, lo malo y lo feo.
Los indicios parecen apuntar a un Estado más pequeño, con capacidades mermadas y más ineficiente para cumplir con muchas de sus tareas. Y el problema se agrava porque en el gobierno no parece existir vida colegiada, en la cual se discutan y valoren con suficiencia los diferentes diagnósticos e iniciativas. Nuestro Presidente no parece ser un director de orquesta que intente armonizar al conjunto de ejecutantes que siguen su batuta, sino más bien parece un solista de jazz que desea (y logra) que los músicos lo sigan en sus improvisaciones.
Profesor de la UNAM