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Argentina 2007. La tasa de inflación era “de más de dos dígitos”. Fue entonces que se produjo un cambio “organizativo” en una institución autónoma: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), que, entre otras cosas, estaba encargado de medir el índice de precios al consumidor. Se remplazaron a sus autoridades y desde la Presidencia se presentó la permuta “como un requerimiento técnico-administrativo”. No obstante, esa modificación generó tanta suspicacia que 1) “numerosas instituciones… comenzaron a manufacturar Índices de Precios al Consumidor cuyos resultados no coincidían con los del INDEC”; 2) “expertos internacionales (dejaron) de respaldar la nueva conducción del organismo autónomo” y 3) “terceros observantes internacionales se mostraron primero cautelosos y expectantes para luego emitir algunas señales de advertencia y finalmente recomendaciones como fue el caso del FMI”. En una palabra, un Instituto que generaba información sólida para todos y que permitía forjar un piso básico para la discusión de la política económica dejó de cumplir con sus funciones.
En lugar de rectificar, el gobierno argentino “combatió política y jurídicamente a las instituciones y organizaciones que pretendían disputar el monopolio de la manufactura y publicidad de las estadísticas nacionales”; “convocó al Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento…con la finalidad de obtener un aval científico” y “en el frente internacional reivindicó la autonomía nacional”. Total: lo que debía ser fuente de información y confianza se convirtió en terreno de disputa. Se intentó maquillar la realidad y lo único que se logró es que los desacuerdos sobre los hechos alimentaran “las fauces trituradoras de la opinión”. Nadie ganó; se quebró la posibilidad de una discusión medianamente racional y la “mentira organizada” reblandeció el espacio institucional encargado de producir certeza. (Lo anterior está tomado del muy ilustrativo artículo de Dante Avaro, “Democracia y desacuerdos fácticos: ¿procesarlos o eliminarlos?”, en Andamios Nº 30).
Traigo a cuento lo anterior por el preocupante anuncio que realizó el Inegi. Dado el recorte presupuestal, dejará de realizar 14 encuestas nacionales, entre ellas la de Ingreso Gasto de los Hogares, la de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, la Nacional Agropecuaria, sobre la Población Privada de Libertad, la del Trabajo Infantil, la de Confianza del Consumidor. Insumos indispensables para saber que está sucediendo en cada uno de esos campos, para trascender las versiones subjetivas, para diseñar y corregir políticas y para que el basamento del debate público tenga asideras consistentes y confiables.
Su suspensión no presagia nada bueno: el gobierno se privará de mediciones para evaluar sus propias políticas y los interesados en los asuntos públicos dejarán de contar con insumos necesarios para hacerse de un punto de vista informado. Y todo ello porque, al parecer, se está imponiendo una idea de austeridad mal entendida, que sacrifica lo estratégico en aras de la inmediatez, y a que al nuevo gobierno no le gustan los órganos autónomos, que eventualmente pueden modular o contradecir sus dichos.
Hay que tomar muy en serio lo escrito por el nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, Jonathan Heath: “El Inegi es una de las instituciones más importantes del país. Tiene la responsabilidad de recopilar toda la información estadística necesaria para construir los indicadores económicos primordiales, que son la base del análisis cotidiano de nuestro acontecer. Sin esa información no entenderíamos lo que pasó, lo que pasa y lo que pudiera pasar. No tendríamos fundamentos para la política pública ni para la toma de decisiones como consumidores o empresarios. Como siempre ha dicho Coneval, “lo que se mide se puede mejorar”.” (Reforma, 30-I-19).
Si deseamos una vida democrática asentada en información pertinente y honrada estamos obligados a cuidar y fortalecer al Inegi.
Profesor de la UNAM
