Apenas el domingo pasado, el presidente López Obrador y su gabinete, los gobernadores y los fiscales, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos públicos y privados, se reunieron con las familias de los desaparecidos para reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda. Se pretende que de modo institucionalizado puedan localizarse los cuerpos o los restos de quienes han sido desaparecidos por agentes del Estado u otros ciudadanos. Esto plantea una primera pregunta. ¿Cómo se llega a una situación en la que las personas no están, por qué dejaron de estar y en dónde buscarlas? No se trata de casos en los que, como con los sismos o los tsunamis, las personas mueren o se pierden. Es una situación en la que de a poco y acumulativamente, las personas dejan de estar. ¿Cómo es que un Estado con sus diversos niveles de gobierno, autoridades y recursos, ve desarrollarse ante sus ojos, literalmente, esa acumulación de hechos, cuando su razón de existir es la protección de las personas y, con ella, su existencia misma?
Hablar de la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda es importante. Sin embargo, si algo ha de reactivarse, es porque en algún momento operó, luego dejó de funcionar y ahora quiere ponerse en marcha nuevamente. Ante tal genealogía, preguntarse por las razones de la interrupción es determinante para evitar nuevas discontinuidades. Si el intento anterior falló se debió, abreviando, a lo que tan pedante como realistamente se denomina falta de voluntad política. Esa capacidad de actuación constante, reflexiva, direccionada y competente, para que algo acontezca y se mantenga. En su primera versión y luego de ceremonias como las del domingo y en algunos intentos normativos y organizacionales, se perdió de vista el objetivo y se abandonó el impulso. No sé si se debió a la baja rentabilidad política de la tarea, a lo mucho que había que hacerse para obtener modestos resultados, o porque la mera asunción de la labor implicaba aceptar la realidad que se tenía enfrente y la negligencia o la complicidad en ello. Lo que sí sé, es que se hizo muy poco. El informe del subsecretario Encinas demuestra, con claridad, ausencias y pendientes.
Las ceremonias de lanzamiento o relanzamiento tienen la ventaja de poner los temas en la agenda. De hacerlos discutibles y operativos. Por el dolor del que de ahora hablamos, también de provocar emociones, identificar culpables, convocar tareas y refundar esperanzas. Todo esto está bien. Sin embargo, tiene la desventaja de suponer que las emociones, indignaciones y empatías, son suficientes para lograr los propósitos buscados. Los dolores, las indignaciones y las promesas sirven para iniciar una marcha, pero no son suficientes por sí mismas para llegar a los objetivos.
El tema de los desaparecidos es un asunto que, por el descuido a que ha estado sometido, por la complejidad de las causas y los efectos y por la magnitud de los retos, requiere de muy altas capacidades gubernamentales. Desde luego e inicialmente, necesita de recursos constantes y adecuados; de un entramado normativo eficiente, flexible e innovador; de personal altamente capacitado en una diversidad de tareas forenses y no forenses; de una constante voluntad de reconocer y comunicar lo que se obtenga y de sancionar a quienes lo merezcan; de continuada seriedad para estar con las víctimas y sus familiares a fin de repararlas. En los días por venir sabremos si el Estado, no como ente superior y anónimo, sino como funcionariado concreto e identificado, pudo o no satisfacer el compromiso que apenas hace dos días asumió frente a una ciudadanía que, representada por algunos, le reclama la capacidad de saber en dónde están quienes no aparecen. De contar con competencias y capacidades para localizar ahora a quiénes entonces no supieron o pudieron proteger.
Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional.
@JRCossio
