A unos días del inicio de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, existe un tema de particular gravedad sobre el que este órgano debería legislar: la desaparición de personas. Diariamente se dan a conocer tremendos relatos acerca de restos encontrados en fosas comunes, de personas que le reclaman al Estado la búsqueda y localización de familiares, de esfuerzos individuales de identificación. Tales hechos, lejos de mitigarse o siquiera estabilizarse, siguen creciendo. El mal actual es muy grande. La frustración crece. Los cuestionamientos a las capacidades de las autoridades aumentan. El futuro es inconmensurable. Los lastimados de hoy se harán presentes de muy diversas maneras en los próximos años. De ellos surgirán asociaciones reivindicativas, organizaciones de hombres y mujeres en búsqueda de las certezas que hoy no se está en capacidad de darles. Con el pasar de los años se verá que mucho de lo que se pudo hacer, no se hizo, por estar tan atentamente concentrados en el 2018. En la consabida y totalizante elección presidencial y sus muchas implicaciones.
La gravedad de los hechos está anunciada y denunciada desde hace tiempo. Por ejemplo, en febrero de 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas analizó el informe presentado por México en la materia. Concluyó que había aspectos a destacar positivamente, como la adopción de instrumentos internacionales y algunas medidas normativas. Sin embargo, manifestó su preocupación por la existencia de “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”. Estamos ante situaciones ya dichas y ya documentadas, no ante algo incierto o por descubrir.
Hay que reconocer que algo, poco, se ha comenzado a hacer en el país. Desde comienzos de 2014, se han presentado iniciativas para legislar el tema de las desapariciones. Primeramente por algunos senadores y luego por el presidente de la República. Se buscaba emitir un ordenamiento completo sobre las desapariciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Para algunos impulsores, únicamente debían considerarse los actos llevados a cabo por agentes estatales; para otros, se debían considerar también a los de particulares. Las cosas avanzaban bien. Hubo audiencias regionales con amplia participación y foros con organizaciones sociales y familiares de las víctimas. Se elaboró un dictamen en el Senado y se sometió a escrutinio. Éste fue criticado por insuficiente. Por introducir el eufemismo de “persona no localizada”, por no asignar cabalmente la responsabilidad a los superiores jerárquicos o por no generar instituciones autónomas y especializadas, por ejemplo.
Al día de hoy hay, por una parte, un dictamen emitido y una propuesta de Ley, así como diversas críticas a la manera de concebir y enfrentar las desapariciones. Por otra, hay una situación en la que tales hechos aumentan y sus efectos alcanzan a un mayor número de campos sociales. Sé, de antemano, que estamos por abrir el año electoral, que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio están en marcha, que se habrán de aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, y que hay muchas otras cuestiones que ocuparán los tiempos de senadores y diputados. Aun así, me parece necesario tomar conciencia de lo que implica no contar con un marco legal respecto a las desapariciones y los desaparecidos. Por duro que sea, tenemos que saber con quién contar como tal, quién lo va a hacer, cómo lo va hacer, a quién se le va a hacer responsable por esos hechos y cómo será sancionado. Si como sociedad no logramos satisfacer estas condiciones, mantendremos abiertas las angustias y los dolores de muchos y las impunidades de otros. No habrá, entonces, posibilidad alguna de sanaciones individuales ni colectivas y nuestro futuro quedará todavía más comprometido.
Ministro de la SCJN.
Miembro de El Colegio Nacional.
@JRCossio