Legítimamente, diversos sectores de la sociedad están buscando establecer frenos y contrapesos a las amplias mayorías con que cuentan Morena y sus partidos coaligados. Como de eso se trata el juego democrático, nada tiene de particular el intento, más allá de que desde las mismas posiciones de poder se les descalifique, asunto que también es parte del juego. No sé si en aumento, pero sí con constancia, se están articulando voces para señalar los que se consideran errores, manifestar los desacuerdos o plantear alternativas frente a lo que el régimen dice, hace y omite. Los esfuerzos son encomiables y necesarios. Sin embargo, se está perdiendo de vista un asunto central.
Como en buena parte de los órdenes jurídicos modernos, la construcción del nuestro depende de lo que hagan ciertos órganos. Para no abundar, consideremos solamente el nivel federal. Presuponiendo la existencia de la Constitución, prácticamente todas las normas de aplicación generalizada en el país, dependen de lo que, al menos inicialmente, hagan las Cámaras de Diputados y Senadores y el Presidente de la República. Las leyes resultan del actuar de estos tres órganos; el presupuesto de egresos, de los diputados y el Presidente, y los reglamentos de este último. Además de las normas, los nombramientos de todo el orden federal se realizan también por ellos. El Senado y el Presidente para los ministros de la Suprema Corte; los diputados para los consejeros del Instituto Nacional Electoral y el Presidente para los secretarios de despacho, por ejemplo. Ahora bien, en la mayoría de los órdenes jurídicos actuales, incluido el nuestro, la integración de los órganos que crean las normas jurídicas se lleva a cabo mediante procesos electorales. En ellos tienen una posición determinante los partidos políticos. Son los mediadores que le posibilitan a los ciudadanos participar en la formación de los órganos mismos.
Los partidos son indispensables no solo como medio para agrupar ideologías o intereses, sino como camino para la construcción de contrapesos. Lo que el orden jurídico haya de ser, lo que sean los modos de regular muchas de nuestras conductas, finalmente dependen del modo como los órganos queden compuestos y éstos, a su vez, de la manera como los partidos políticos participen y logren adhesiones de los electores.
Hablar de los partidos hoy en día, es un asunto difícil. Lo que han hecho y dejado de hacer, pareciera descalificarlos como opciones democráticas. Más bien, estamos en un momento en que despreciarlos o ridiculizarlos parece buena idea. Suena mejor considerar que las agrupaciones de la sociedad civil, sus líderes, sus opiniones y sus quehaceres, son una opción mejor, dada su pureza, su frescura o su inteligencia. Sin dejar de ver los muchos y complicados problemas por los que atraviesan los partidos y sin pretender exculparlos de sus muchos y evidentes defectos, es necesario entender, primero, su posición en los procesos de creación de la realidad futura y, con ello, su papel de auténticos contrapesos.
Por más actuante y reflexiva que pueda llegar a ser, la sociedad civil requiere de instituciones para construir normas, generar nombramientos y actualizar el orden jurídico en todas sus dimensiones. Sin esos instrumentos, su posición seguirá siendo importante moral o intelectualmente hablando, pero carecerá de capacidad de incidir en diversos aspectos de nuestra compleja realidad. Ahora que se están articulando posturas, que se están creando grupos y se está convocando a formar oposiciones, no está de más recordarlo. Si los partidos políticos tienen vicios, si son inadecuados o constituyen camarillas, la ciudadanía tiene que encontrar el modo de reactivarlos, mejorarlos y recuperarlos, o de plano constituir uno nuevo. De otra manera, habrá ideas, molestias o posicionamientos que, me temo, poco incidirán en el orden de las cosas que estamos viviendo y que, también legítimamente, no todos tenemos por qué compartir.
Ministro en retiro.
Miembro de El Colegio Nacional.
@JRCossio
