En la presente reflexión nos proponemos examinar algunas de las propuestas que, desde el punto de vista jurídico y específicamente constitucional, se debatieron y examinaron en los foros organizados por diversas instituciones académicas, el Senado de la República y EL UNIVERSAL con relación al sistema federal mexicano.
En primer lugar, es preciso reconocer que el sistema federal mexicano ha evolucionado por la vía de un federalismo cooperativo, alejándose de la lógica del federalismo dual. Sin embargo, dicha evolución se ha dado de manera desordenada, confusa, ambigua, reactiva y coyuntural. Por ello, convendría dar un orden y racionalidad al esquema constitucional de las facultades concurrentes y de bases de coordinación que se ha ido generando, con la adición de un segundo párrafo al artículo 124 constitucional en el que se establezca un principio organizador de ese tipo de facultades, al que además puedan incorporarse las materias que en el futuro se decida merezcan estar sujetas a dicho esquema. Orden y racionalidad permitirán claridad en las responsabilidades, y esto facilitará exigir cuentas a las autoridades correspondientes.
Por otro lado, convendría pensar en la posibilidad de establecer en nuestra norma fundamental el principio constitucional de colaboración que pudiera ser la base normativa para organizar alrededor de ella el federalismo cooperativo que se ha venido construyendo de manera desordenada y coyuntural en las últimas décadas.
En relación con el tema fiscal, es bien sabido que lo que existe en la Constitución en este tema no corresponde con el desarrollo legal que ha habido. Por una parte, la Constitución establece un régimen de “concurrencia tributaria”, por el cual la Federación y las entidades federativas pueden crear tributos sobre las mismas bases, a menos que la Constitución establezca que alguno de estos dos órdenes tiene facultad exclusiva para crear algún tipo de contribución. Sin embargo, y por otra parte, el llamado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha significado una verdadera centralización de los recursos fiscales a través de un mecanismo por el cual las entidades federativas han cedido su poder tributario a la Federación a cambio de recibir “participaciones” (y “aportaciones”) federales.
Ante la imposibilidad práctica de simplemente transferir competencias tributarias “de regreso” de la Federación a las entidades federativas (la mayoría de ellas han visto “atrofiadas” sus capacidades de extracción de recursos fiscales por la vía del cobro de impuestos), podría pensarse en la alternativa de constitucionalizar el sistema nacional de coordinación fiscal, pero estableciendo una serie de principios constitucionales que guíen y orienten el reparto de recursos de la Federación hacia las entidades federativas y los municipios (principios como los de distribución equitativa, de puntualidad y de no discrecionalidad).
Otro tema que merece ser revisado con más cuidado es el de la metropolización del país. En reiteradas ocasiones se ha señalado la conveniencia de salir de la estrecha visión y lógica de las “conurbaciones” para entrar en la de las zonas metropolitanas. Al parecer, sería necesario definir constitucionalmente este concepto y diseñar un procedimiento de declaratoria y determinación de los límites de zonas metropolitanas sujeto a criterios objetivos y técnicos. Asimismo, definida una zona metropolitana, habría que diseñar mecanismos más eficaces de gobierno metropolitano que abarcasen temas que van desde la planeación y desarrollo urbano hasta manejo y disposición de residuos sólidos, agua potable y alcantarillado, seguridad pública, tránsito y protección del medio ambiente, entre muchos otros que ya no pueden ser atendidos adecuadamente desde la perspectiva estrictamente municipal, con las autoridades de cada municipio atrincheradas en el ámbito espacial que les corresponde.
Considero que concentrar nuestra atención en el tema metropolitano es importante en el México de hoy no nada más por el hecho de que en la actualidad la mayor parte de la población de nuestro país vive en zonas metropolitanas, sino también porque este tipo de zonas ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, con lo que existen al día de hoy 59 a lo largo de la República, además de que en dichas zonas se genera más del 75% del PIB.
Hoy día, en muchos países las zonas metropolitanas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. En lo positivo, son fuente de prosperidad, innovación, oportunidades, economías de escala, infraestructura para generar tecnología, conocimiento, y para incrementar la productividad. En lo negativo, son espacios en los que se genera y reproduce la pobreza, la degradación ecológica, la inseguridad y la violencia.
Y lo anterior lo vinculo con otros temas que han sido objeto de sendos seminarios, congresos y coloquios nacionales e internacionales, en los últimos años, en temas de seguridad, drogas, medio ambiente y energía, entre tantos otros. Lo vinculo porque considero que el diseño de modelos adecuados y funcionales de gobernanza metropolitana puede contribuir a desarrollar políticas eficaces para atender y resolver problemas que aquejan al país.
Por ejemplo, el enfoque metropolitano puede ser la clave para el desarrollo de fuentes de energía no renovables, para el desarrollo de políticas de ahorro de energía y de políticas energéticas que no degraden el medio ambiente y no dañen la calidad de vida de las comunidades; el enfoque metropolitano puede también ser la clave en el despliegue de las políticas requeridas para combatir la inseguridad, en su lado preventivo y en su aspecto persecutorio y sancionador. Y este mismo enfoque puede ser la clave para la recuperación del espacio público, así como para reconstruir el tejido social y con ello contribuir a reducir los niveles de violencia que afectan a tantas partes del país.
El punto de partida es revisar el marco normativo e institucional del gobierno metropolitano, que al parecer no está funcionando, en un contexto más general, como es en los foros organizados por diversas instituciones académicas, el Senado de la República y EL UNIVERSAL.
* Investigador de la UNAM