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Aquella noche, cientos de lectores salieron fervorosos a las calles de Tuxtla. Sin que nadie lo sospechara, sus pasos conducían al mismo destino. Uno a uno entraban en aquella caja de cristal y concreto en donde lentes, brazos, mochilas y estantes se confundían voluptuosamente entre libros frágilmente apilados. Inevitablemente, los cuerpos se rosaban unos con otros entre los pasillos del Fondo de Cultura Económica que, a pesar de sus amplias dimensiones, nunca se diseñó para acoger a tantas personas. Los descuentos en rojo escarlata elevaban el furor de aquellos amantes literarios, enloquecido al encontrar un clásico a precio de saldo. Su ansiedad era aún mayor cuando encima del libro yacía virginalmente una delgada cubierta de papel celofán. Sus yemas arrugadas se hinchaban tan sólo de imaginar el tacto con la celulosa y el rústico olor que las páginas despiden al ser hojeadas. Con ingenuidad premeditada, se acercaban al vendedor para preguntarle en voz bajita, casi inaudible, si podían retirar el plastiquito «no más para asomarme al índice».
Bajo la consigna #ElFondoSeQueda, asociaciones juveniles lograron una convocatoria masiva a la venta nocturna del pasado 30 de agosto. El acto surgió como respuesta, después de que diarios locales dieron a conocer que la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) planeaba transferir a la editorial Porrúa la concesión del espacio. Ante los rumores, José Luis Ruiz Abreu, director de la librería tuvo que clarificar la postura de la Universidad. Aunque afirmó que la librería José Emilio Pacheco es el segundo Fondo de Cultura con mayores ventas a nivel nacional, sostuvo que retirarle la concesión se justifica porque «la propuesta del grupo editorial de Rodrigo Porrúa propiciaría que la Universidad perciba recursos por renta del espacio y permitiría ahorrar el gasto que se destina para el pago del personal». Esta justificación, que fue asumida como posición oficial de la UNACH al ser compartida en boletín de prensa, apela al criterio de eficiencia económica—más ingresos y menos costos—como último valor para tomar decisiones públicas que, en este caso, impactan no sólo a la Universidad si no a la sociedad Chiapaneca en su conjunto. Sin embargo, la sociedad civil demostró tener una criterio diferente y concluyó en la necesidad de que el Fondo se quede. Su movilización, al convocar a una compra masiva de libros, evidenció la existencia de una masa crítica de lectores dispuestos a defender la librería José Emilio Pacheco.
Y es que como todos sabemos —con excepción, quizás, del propio director de la librería— no es lo mismo Porrúa que el Fondo de Cultura Económica. No sólo el Fondo es superior en la calidad de su proceso editorial, en la amplitud y selectividad de su catálogo, en las traducciones impecables de obras novedosísimas y en los precios accesibles para el gran público; también su lógica de empresa es distinta. El Fondo fue creado en los treinta por Daniel Cosío Villegas con la finalidad de publicar novedades en economía y ciencias sociales a precios accesibles para los universitarios de México. Era obvio entonces —como lo es todavía— que ciertas obras especializadas no cuentan con un nicho de lectores amplio, lo cual resta rentabilidad a su publicación. ¿Porque acaso Porrúa estará interesada en publicar obras como Introducción a la microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas (Echeverría & Vázquez, 2000)? ¿O se interesará en fijar el precio de El Leviatán de Hobbes —versión rústica— por debajo de su costo de producción ($102.85 pesos, considerando el 40% de descuento que el Fondo da a estudiantes)? ¿Qué otra editorial es meritoria de tener los derechos de publicación del Laberinto de la Soledad, si no el Fondo de Cultura Económica, como el mismo Octavio Paz lo decidió en vida? Es que el Fondo no se interesa sólo en producir libros de acuerdo a la demanda, se interesa también en generar la demanda misma, es decir, en formar nuevos y más ávidos lectores. Por ello el Fondo mantiene tres publicaciones periódicas, y organiza certámenes literarios, conferencias y presentaciones de libros que, particularmente en Tuxtla, han llenado de vida al Centro Cultural Balún Canan, desde su inauguración.
El Fondo no es un empresa lucrativa sino una institución de fomento cultural. Por eso la decisión de retirarle la concesión y otorgársela a otra editorial no puede basarse exclusivamente en un argumento de eficiencia económica. Porque aún si nos ciñéramos a criterios meramente económicos, cuando la UNACH sostiene que retirar la concesión al Fondo es más eficiente, ¿calcula acaso la transferencia de recursos públicos que sus propios estudiantes y cuerpo académico reciben al comprar libros cuyo costo de producción es subsidiado por el Estado mexicano? Si aún contabilizando dichos beneficios, la Universidad considera que el costo de oportunidad de mantener abierto al Fondo es demasiado alto, deberíamos de objetar nuevamente y señalar que transferir la concesión a Porrúa no significa necesariamente cambiar a un “proveedor más eficiente”, puede significar perder calidad en el servicio (i.e. la riqueza del acervo, la calidad de los libros y las actividades culturales que el Fondo organizaba). En última instancia, habremos de hacer entender a las autoridades de la UNACH que los libros no son únicamente bienes de consumo, son también bienes culturales; por lo que sustituir el catálogo que tiene el Fondo de Cultura por el de cualquier otra editorial representa una pérdida incuantificable.
En nombre de la “eficiencia” se han escondido muchas de las peores atrocidades económicas de la historia de México. Se han justificado privatizaciones y recortes a programas sociales que han pronunciado la brecha de desigualdad que impera en nuestro país. Es común, sin embargo, que los paladines de la eficiencia tengan agendas y compromisos ocultos. Por eso debemos ser desconfiados, cautelosos. La sociedad chiapaneca debe exigir conocer: ¿cuánto está dispuesto a pagar Porrúa por la concesión? ¿Es un precio justo por rentar un espacio que fue construido con recursos públicos? ¿Qué beneficio recibirá la comunidad estudiantil de transferir la concesión a otra editorial? Las preguntas que tiene que contestar la Universidad son muchas, y la sociedad civil y la comunidad universitaria tienen toda la legitimidad de hacerlas. Dudar es razonable, sobre todo si se recuerda que la actual administración de la UNACH —esa que hoy apela a la falta de recursos— es la misma que se vio involucrada en La estafa maestra y recibió más de 60.9 millones de pesos del gobierno federal. ¿En serio quieren cerrar el Fondo de Cultura por falta recursos? Sería mucho suponer que alguien podría beneficiarse de dar la concesión a Rodrigo Porrúa en lo que, a todas luces, se ve como un jugoso negocio. Sería excesivo imaginar que alguien está anteponiendo el interes particular al deseo de muchos por mantener abiertas las puertas de la librería José Emilio Pacheco. Perdonen por ser un malpensado, perdónenme. en verdad. Después de todo, como dijo un ilustre chiapaneco, yo no lo sé de cierto, sólo lo supongo.
