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No es coincidencia que Catón , uno de los más acérrimos defensores de la república, tuviera por baluarte a la austeridad . Catón veía en la ostentación y el derroche de los senadores romanos un síntoma de la corrupción moral de su tiempo, pues cuando un gobernante cree estar por encima de las instituciones y de la soberanía popular lo primero que pierde es la mesura, el recato. No le importa hacer evidente los privilegios y prebendas con las que se rodea, porque cree que su poder se sostiene por sí mismo y que merece, naturalmente, la posición que ostenta. Si la élite política tarde o temprano se distancia de la realidad social, la austeridad es un ineludible recordatorio para el gobernante de que su poder está condicionado a servir a los demás y a la imposibilidad de servirse así mismo .
Lamentablemente, la tradición política de México ha asimilado al servicio público como un vehículo “natural” de movilidad social e incluso como un medio “legítimo” de enriquecimiento persona l. Desde el patrimonialismo de la Colonia, hasta el amiguismo de Miguel Alemán , pasando por el nepotismo de López Portillo , hemos normalizado que el diputado, el secretario de Estado e incluso el edil, vistan bien, coman bien y ganen bien, aún cuando su holgura y suntuosidad contraste ofensivamente con la suerte de la mayoría de los mexicanos. Esta brecha lacerante entre gobernantes y gobernados llegó al paroxismo en la administración de Enrique Peña Nieto. La precarización laboral, el estancamiento de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, contrastó durante seis años con los escándalos de La casa Blanca , Odebrecht y la estafa maestra , inaugurando un nuevo nivel de corrupción e ignominia.
Frente a dicha realidad, cualquier intento de renovación moral del Estado mexicano exigía comenzar, precisamente, con aquello que era más indignante y repudiable para la ciudadanía: los privilegios de la élite política y burocrática y su distanciamiento de la realidad social. He criticado lo que me ha parecido criticable de López Obrador , pero en esta ocasión, estoy a favor de los esfuerzos encaminadas a instaurar una austeridad republicana. Pues estoy convencido de que la austeridad es un valor inherente al servicio público y que, en lo particular, debe ser la impronta de todo gobierno que se diga de izquierda.
A pesar de la necesidad inobjetable de establecer un gobierno austero, varias voces se han posicionado en contra de la recién aprobada “ Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ” que, entre otras cosas, imposibilitaría a los servidores públicos recibir una remuneración mayor que la del presidente de la República. Algunos críticos, bajo un sentimiento de indignación, han denunciado que se está “denigrando” al servidor público al no brindarle una “digna remuneración” por el trabajo que su ardua labor exige. Otros, desde un enfoque más técnico, alertan sobre una posible “ fuga de talentos ” que dejaría al servicio público sin sus más preciados cuadros y que, incluso, podría poner en riesgo las capacidades administrativas del Estado mexicano . Me parece pertinente responder a ambos.
El primer grupo tiene el argumento más débil. Es difícil sostener que quien antes ganaba más de 4 millones de pesos al año (un ministro de la corte o un consejero del INE) se le asigne una remuneración “denigrante” o “indigna” al estipular que no podrá ganar más que el sueldo del presidente , 1 millón 300 mil al año (considerando la promesa de AMLO de reducir su sueldo a la mitad). Claramente, un ingreso de este nivel sigue aún estando muy por encima del sueldo de un trabajador promedio que es de 13,254 pesos, para 8 de cada 10 mexicanos de acuerdo al INEGI. ¿Es justo que algunos funcionarios ganen con nuestros impuestos hasta 25 veces más de lo que gana un ciudadano común?
El concepto de justicia es disputable, y no faltará quien encuentre a su favor la platónica idea de que justo es darle a cada quien lo que merece. Si consideramos “idealmente” que nuestros funcionarios de más alto nivel son personas ampliamente experimentadas, que vienen de las mejores universidades del extranjero y cuyo puesto les exige un gran esfuerzo mental y físico, entonces podríamos concluir que merecen una remuneración cuantiosa, en ciertos casos incluso mayor a la del presidente. Pero aún asumiendo que éstos sean los rasgos característicos de nuestra alta burocracia —generalización que vale la pena cuestionar—, habría que preguntarse si dar a cada quien lo que merece es una variable que se mide constantemente o sólo en el proceso de reclutamiento . Porque si vamos a dar a nuestros funcionarios públicos lo que merecen, su remuneración tendría que basarse no en su experiencia, ni escolaridad, o en el nivel de responsabilidad de su cargo, sino en su desempeño , en sus resultados , en las metas y objetivos que alcen. Asumiendo que su desempeño fuese óptimo, podríamos considerar asignarles los bonos y compensaciones que hoy, sí o sí, ellos mismo se autorizan. Pero en caso de que no, deberíamos considerar su destitución inmediata , tal y como ocurriría con cualquier gerente que no diera resultados en la iniciativa privada.
Hago esta analogía porque los detractores de la austeridad equiparan constantemente al Estado con una empresa . Y claro, como cualquier oficina de recursos humanos se preocupan por ofrecer un paquete de prestaciones y un salario competitivo para atraer a los mejores talentos. Y es aquí donde respondo al segundo grupo. No creo que reducir el salario de un presidente de 270 a 108 mil pesos, ni el retirar las pensiones vitalicias sea un incentivo para que alguien decida abandonar la candidatura presidencial . Como tampoco creo que reducir de 112 a 106 mil pesos los ingreso de un Secretario de Estado o de 111 a 105 mil los de un Subsecretario haga menos atractivos estos puestos. No creo que un Oficial Mayor, que gane 99 mil pesos mensuales*, rechace el nombramiento apelando a que “la austeridad republicana de AMLO le llevará a la ruina”. Y no lo creo, por dos razones. Primero, porque aún con la reducción de sueldos, nuestra alta burocracia seguiría ganando bien y lo suficiente como para tener una buena calidad de vida . Segundo, porque me parece que la gente verdaderamente talentosa que decide trabajar en el servicio público no lo hace tanto por el sueldo o por las prestaciones, como por una vocación de servicio y también —porqué no reconocerlo— por una vocación política.
Seguro habrá casos de grandes talentos que no llegarán a la administración pública. Hombres y mujeres con las mejores credenciales que considerarán que el dinero que se les ofrece por su experiencia o su preparación no es equiparable a lo que ganarían como consultores o al esfuerzo y dinero que tuvieron que invertir en su educación. Su decisión es por demás respetable. Mi argumento no es en contra de quien aspira a generar riqueza, sino de quien piensa en que el Estado es el medio ideal para hacerlo . El primer paso para separar al poder político del poder económico es hacer explícita la racionalidad que limita a cada esfera. Un empresario debe perseguir su ánimo lucrativo y conformarse con las ganancias lícitas que genere con los recursos y la tecnología a su disposición. Un funcionario público debe guiarse por su vocación de servicio y conformarse con la satisfacción que genera ejercer el poder público . Ambos deben de ser regulados, tener como límite de acción el bienestar social y ser llamados a cuentas ya sea por sus decisiones y resultados o por las externalidades que generan.
Reitero y dejo clara mi posición: me declaro a favor de la austeridad republicana y por eso mismo reconozco sus limitaciones. Primero, tan necesario es un gobierno austero como un gobierno eficiente. Es urgente que el Congreso realice también una reforma profunda al Servicio Civil de Carrera y que se recuperen los fundamentos de mérito y profesionalización en nuestro cuerpo burocrático . Segundo, a pesar de su efecto mediático, las medidas de austeridad asumidas por el nuevo gobierno no deben desviar su atención de las prioridades sociales por las que la gente realmente votó por un cambio de régimen: garantizar seguridad, impartir justicia y promover un desarrollo sostenible e incluyente. Tercero, reducir los sueldos y las prestaciones de funcionarios públicos no es un medio para financiar políticas públicas de desarrollo ni programas que frenen la desigualdad . La austeridad es, en última instancia, un exigencia moral que debe caracterizar al servicio público mas no un fin en sí mismo. Y urge que así lo entiendan ciertos legisladores de Morena, porque en la necesidad de ganar popularidad y de contrastar con los excesos de la administración saliente, se corre el riesgo de convertir a la austeridad en una retórica vacía y de banalizar su importancia.
Al final, quienes vemos en la austeridad un baluarte republicano debemos seguir actuando en ambos frentes: debatir con quienes se oponen a ella en la defensa de sus privilegios y mesurar a quienes han hecho de ella una sátira en la búsqueda de reflectores .
*Las estimaciones del impacto que podría generar establecer el sueldo del presidente como tope de las remuneraciones de la “alta burocracia” en la administración pública federal, las retomo del DOCUMENTO TÉCNICO: Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza.
