¿Quién puede oponerse a que el ciudadano común tenga voz en los asuntos públicos de mayor relevancia? Nadie que se aprecie de ser un verdadero demócrata . Menos en un país como México con una tradición autoritaria en la que el presidente no solía tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos; antes bien, buscaba por todos los medios acallar su voz o cooptarla. Las consultas ciudadanas son encomiables, no sólo porque reivindican el principio de la igualdad política (un voto-una persona) sino también porque corrigen vicios de la democracia representativa como la partidocracia. Con todo y eso, cuando los costos políticos de una decisión gubernamental son mayores que sus beneficios —como parece ser el caso de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México — vale la pena contener los impulsos democráticos antes de abrir una caja de pandora.
Las consultas populares, en cualquiera de sus formas ( plebiscito o referéndum ), buscan que las decisiones de un gobernante estén permeadas de legitimidad social. Esta legitimidad es particularmente necesaria cuando los efectos de una decisión implican altos costos, pues de cierta forma el tomador de decisiones reparte los costos (no previsibles) entre la base que respaldó la decisión. Es cierto que no todas las consultas tienen que ser vinculantes. No obstante, ejecutar una consulta y posteriormente tomar una decisión contraria a la de la mayoría puede tener un costo más elevado (en términos de legitimidad política) que el no hacer la consulta en primera instancia. Baste observar el caso de Colombia donde la aprobación del presidente Santos descendió estrepitosamente una vez que decidió implementar los tratados de paz , a pesar de que la mayoría de los colombianos votó en contra.
El vox populi no es infalible. La gente se equivoca y por eso los presidentes tienen que asumir ciertas decisiones impopulares que, en retrospectiva, pueden asimilarse como necesarias. Habían voces críticas que anticipaban ya este argumento en el caso del aeropuerto. Puntualizaban la dificultad del ciudadano común para generarse una opinión informada sobre un tema que exigía una alta especialidad técnica. A pesar de estas voces, el gobierno decidió seguir su plan original: llevar a cabo la consulta. La decisión tenía su propia lógica e inercia. El tema del aeropuerto fue un punto de polarización que distanció a AMLO de los demás candidatos en campaña, la propuesta de la consulta comenzó a tener aceptación al descubrirse ciertos indicios de corrupción en las licitaciones. El costo de retractarse (una vez electo) habría sido alto para el nuevo gobierno. A pesar de todo, el costo de retractarse parece menor frente al de efectuar la consulta y al final adoptar una decisión contraria al resultado de la mayoría. Esta posibilidad se ha dejado entrever en las declaraciones del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes , Jiménez Espriú, quien ha enfatizado que el resultado de la consulta no será vinculante.
La consulta del NAIM
era, desde el principio, una espada de doble filo . Aún si hubiera existido consenso en las bondades de que la ciudadanía tuviera la última palabra respecto al tema, el procedimiento abría otro punto de disputa. Si AMLO ejecutaba la consulta antes de tomar protesta, se cuestionaría la falta de legitimidad al no ser una autoridad envestida. Si AMLO ejecutaba la consulta después del 1 de diciembre, se cuestionaría porque no esperó a hacerlo con las formalidades que dictaba la ley (una inviabilidad en principio si se considera que la definición del aeropuerto no podría esperar tres años —a la próxima elección intermedia— de acuerdo a la normatividad del INE ). En cualquier caso, el público tiene el legítimo derecho de cuestionar: ¿quién será el árbitro de la consulta ?, ¿cuántas casillas y en dónde?, ¿con qué criterio se eligió al árbitro y a la instalación de casillas?, ¿por qué esos criterios y no otros?, ¿por qué esas preguntas y no otras? Tales cuestionamientos ya están hoy en los medios y mientras más tiempo pasa más se elevan los costos, en términos de legitimidad política, que el gobierno tendrá que pagar.
Para empeorar las cosas, cada vez surgen más actores involucrados con posturas opuestas. Varios políticos de MORENA se han manifestado abiertamente en contra del NAIM, lo cual aumenta los costos del presidente por mantener el status quo (i.e. seguir con la construcción). Las encuestas, por otro lado, parecen confirmar que la opinión pública está a favor de que el aeropuerto se quede en Texcoco . Los pobladores de la región, por su parte, han sugerido que sin importar lo que diga la consulta, el aeropuerto tiene que cancelarse. Y tienen un argumento válido: porque alguien de Monterrey , por ejemplo, tendría que estar decidiendo sobre el uso de suelo en el Estado de México . ¿Era realmente la consulta un tema que exigía la opinión de todos los mexicanos o pudo haberse limitado a los pobladores de la región?
En cualquier caso, el gobierno se encuentra en un punto de no retorno. Cualquier decisión que asuma representará un costo significativo en su legitimidad, y cuando los sacrificios son ineludibles, la mejor decisión que puede tomarse es la de reducir los daños. El escenario tendencial, de acuerdo a encuestas como Consulta Mitofsky, la ciudadanía votará mayoritariamente por continuar el aeropuerto de Texcoco . Lo mejor que puede hacer el gobierno en tal escenario es acatar la decisión. Si el presidente así lo anuncia, es poco probable que algún dirigente de MORENA decida contradecir la postura oficial. Restaría compensar de alguna forma a los pobladores aledaños y mitigar el impacto ecológico (inherente a cualquier megaproyecto) en la medida de lo posible.
A nadie conviene un gobierno que erosione su legitimidad política antes de asumir formalmente el poder. En lo sucesivo, el gobierno del AMLO deberá escoger qué temas vale la pena llevar a consulta y cuáles otros deben resolverse con la legitimidad que el pueblo les ha conferido en las urnas por seis años. Afortunadamente, parece que el gobierno aprende rápido de sus errores: el tren bala no se someterá a consulta popular, se llevará a cabo ‘sí o sí’, ahora que ya se cuenta con la anuencia de los gobernadores . Una última palabra vale la pena agregar: tampoco el apoyo que se obtiene en las urnas es un cheque en blanco…
@jlgallegosq