Desde hace varias semanas se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados una serie de foros en los que expertos en la materia, están discutiendo la que pretende ser una reforma integral en materia laboral. Existen motivos de fondo para renovar y actualizar el marco legal en materia laboral. La importancia del tema salta a la vista: México necesita impulsar una reforma que lo consolide como una nación competitiva y generadora de bienestar. El reto es mayúsculo.
Una parte importante de la reforma tiene que ver con la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales de manera democrática, directa y secreta, y el asegurar a los agremiados el manejo transparente en la gestión de los recursos ejercidos por parte de las organizaciones sindicales, que provienen de las cuotas que cada trabajador aporta; dicho de manera simple: que exista democracia sindical.
Otro asunto de la mayor importancia y que se tiene que ver de manera integral, es el relativo a diseñar un nuevo modelo de relación entre patrón y trabajador. Hay un desfase entre la norma y la realidad, lo que contribuye a frenar la productividad, la competitividad y la generación de empleos.
Sin embargo, y reconociendo la gran diversidad de temas que se ven involucrados en este esfuerzo para lograr una reforma laboral, quiero poner el foco en un tema que me parece hoy de gran relevancia: me refiero al tema de los jóvenes, esa gran fortaleza que tiene nuestro país en su población joven y que no se aprovecha debidamente por culpa de un marco jurídico en materia laboral, que resulta a todas luces obsoleto.
De acuerdo con datos del 2018 revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 30.6 millones de jóvenes, lo que representa el 26.4% de la población. Son cifras que sin lugar a dudas sostienen el peso y la importancia de los sectores juveniles en nuestro país, quienes tienen como principal preocupación la falta de oportunidades y empleos a la que se enfrentan para desarrollarse de manera profesional.
Los jóvenes presentan la tasa más elevada de desempleo. En México, una de cada tres personas en la población económicamente activa (PEA) tiene entre 14 y 29 años, pero más de la mitad de los 2.4 millones de desocupados que existen en nuestro país son jóvenes.
Los resultados del primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señalan que de los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de entre 15 y 29 años, 59.5 por ciento (casi 9 millones) laboran en el sector informal. Lo que nuestros jóvenes demandan y requieren es trabajo formal, digno y bien remunerado.
Gran parte del problema radica en nuestro actual marco normativo. La Ley Federal del Trabajo data de 1970. Desde esa fecha solamente se le han hecho reformas menores que en la mayor parte de los casos no han sido afortunadas. En los últimos 48 años, México y su población han cambiado pero las reglas del juego en materia laboral prácticamente no. Hay un desfase entre la norma y la realidad, lo cual contribuye a frenar la productividad, la competitividad y la generación de empleos.
Mantener a tantos jóvenes fuera del mercado laboral o en la economía informal sin ninguna de las prestaciones de ley, además de representar una gran injusticia, puede ser un riesgo para nuestro país. Cualquier cambio a la legislación en materia laboral debe de tener como prioridad a los jóvenes trabajadores para que se conviertan en la fuerza motora de nuestro desarrollo. Ya es hora de poner a la vanguardia nuestra legislación en materia laboral.
Abogado. @jglezmorfin
