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Estamos a cinco meses de la jornada electoral en la que habremos de elegir a quien, durante los próximos seis años, conducirá el destino de nuestra nación. Como es bien sabido, además del próximo Presidente de la República se renovarán por completo las cámaras de diputados y senadores, habrá elección de gobernador en 8 entidades federativas y de jefe de Gobierno en la Ciudad de México y, se elegirán en todo el país un sinnúmero de diputados locales y munícipes. Independientemente del gran número de puestos de elección popular que se habrán de elegir (nunca antes se han elegido tantos cargos en una sola jornada electoral), lo que estará en juego es más relevante que el número de cargos en disputa, y tiene que ver con los avances democráticos que como país hemos ido logrando a lo largo de las últimas tres décadas. A juzgar por todo lo que estamos viviendo apenas en las precampañas, la elección del primero de julio pondrá a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y mucho de lo que hemos avanzado en materia de democracia.
Como sucede cada seis años, los ojos de México y del mundo están puestos en la elección del titular del Ejecutivo, la que al igual que en otras ocasiones, tiene sus peculiaridades: es la primera ocasión en que todos los partidos políticos van a la elección coaligados con otros partidos que no necesariamente son afines ideológicamente; es también la primera vez que se podrá votar por candidatos independientes (tres o tal vez cuatro). Como sociedad estamos obligados identificar sus notas preocupantes y los riesgos que trae aparejada. Lo que hemos visto hasta ahora es verdaderamente serio. En un entorno que se vislumbra altamente competitivo, las llamadas precampañas (su formato es obsoleto y nada aportan a la construcción democrática), que están a escasas dos semanas de concluir, no han servido para que los electores se formen una opinión de lo que cada uno de los candidatos representa. Sería deseable que la autoridad electoral pusiera el mayor énfasis para lograr que, a partir del 30 de marzo, día en que deberán iniciar formalmente las campañas de los candidatos a la Presidencia de la República, el debate se dé en torno a ideas y propuestas que le sirvan a la sociedad para reconocer lo que representa cada uno de los que aspiran a conducir los destinos del país. En democracia, la competencia debe de ser inducida desde las instituciones y alentada por los actores sociales.
En un sistema democrático las campañas políticas son los momentos de mayor cercanía entre candidatos y electores. En las campañas se miden las preferencias ciudadanas; se pulsa la orientación de las personas con respecto a problemas sociales y sus soluciones. La campaña fija las bases de la actuación posterior del Gobierno. Sería deseable que los poderes públicos resultantes asuman como marco de referencia de sus acciones, la deliberación que tuvo lugar durante el proceso. Para cumplir con este propósito, es indispensable aumentar no sólo la frecuencia e intensidad de la discusión de los asuntos públicos, sino también su calidad. Una contienda democrática debe sustituir el juego de frases y canciones pegajosas, por argumentos.
Estamos a cinco meses de las elecciones. Cuando volteamos la vista a lo que sucede en otros países (Venezuela, por ejemplo), parece un momento oportuno para valorar y reconocer que la democracia de que hoy gozamos no es un logro permanente, que costó mucho trabajo conquistarla, que no necesariamente va a durar para siempre, que estamos más que obligados a cuidarla. Por supuesto que existe un gran número de problemas que aún no han sido resueltos, pero es indispensable no poner en riesgo todo lo que como sociedad hemos logrado para consolidar nuestra democracia.
Abogado.
@jglezmorfin
