Como es del conocimiento de todos, el jueves de la semana pasada, de manera por demás sorpresiva, se dio en el Senado de la República la aprobación por unanimidad de una de las reformas más polémicas que se han presentado en lo que va de la nueva administración. Me refiero, por supuesto, a la reforma constitucional por la que se crea la Guardia Nacional. Independientemente del contenido de la reforma, el hecho de haber logrado el consenso en un tema tan espinoso y que había crispado de sobremanera el ambiente político, es digno de aplaudirse. Es la primera buena noticia que nos llega de la relación —que siempre debería de ser igual de constructiva— entre poderes, en lo que va del sexenio. También nos hace abrigar esperanzas de que, contra lo que habíamos visto en estos primeros meses, el nuevo gobierno sí puede tener algunos contrapesos y las organizaciones de la sociedad también pueden encontrar caminos para ser escuchadas.
Respecto de la reforma, lo que me parece más relevante es que por fin, después de muchos intentos, nuestras Fuerzas Armadas contarán con un marco jurídico que le dé certeza a su actuación. Soy un convencido de la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal adecuado para su actuación en tareas que corresponden y deberían estar llevando a cabo, en primera instancia, las autoridades civiles. Los niveles tan peligrosos que han alcanzado la violencia y la inseguridad provocada por las organizaciones criminales, ponen en riesgo nuestra viabilidad como nación y hacen indispensable la participación del Ejército y la Armada en estas tareas. En muchas regiones de nuestro país, son los únicos que lo pueden hacer porque los cuerpos policiales estatales o locales, o no tienen la preparación adecuada, o han sido cooptados por las organizaciones criminales o, lo que es peor, simplemente no existen.
Debo de reconocer que soy escéptico respecto de algunos de los contenidos de la reforma. Pensar que en cinco años el tema de la inseguridad y la violencia estarán encaminados a una solución y que esto permitirá regresar a los cuarteles a las Fuerzas Armadas, parece a estas alturas un sueño. Más temprano que tarde, se estará buscando la manera de ampliar el espacio de participación de los militares en las tareas de seguridad. Los esfuerzos que se han hecho por lograr en cada entidad federativa, cuerpos policiacos capacitados y certificados han fracasado por el poco apoyo que se recibe de los gobiernos locales, que prefieren dejar toda la responsabilidad en manos del gobierno federal. Ojalá sea yo el que esté equivocado.
Nuestra transición a la democracia, independientemente de que se le vea como un proceso en curso o ya concluido, no ha sido resultado de una ruptura violenta del orden establecido. Tampoco ha sido producto de un gran acuerdo refundacional. Por el contrario, la vieja estructura que dio cobijo al longevo régimen autoritario, ha sido poco a poco transformada para dar paso a un régimen pluralista que le ha dado estabilidad los últimos 30 años a nuestro país. La transición mexicana se ha dado a través de una serie de pactos concatenados entre sí. Cada una de las reformas estuvo precedida por demandas concretas de la sociedad que pedía a gritos la apertura del régimen. Lo que vivimos la semana pasada en el Senado de la República, debe quedar inscrito en la misma ruta: el gobierno se hizo eco de las preocupaciones de la sociedad que ya estaban siendo recogidas por los partidos de oposición. Ha quedado demostrado, una vez más, que las democracias producen sus mejores resultados cuando sus actores dialogan en las mesas y cuando existen asideros de responsabilidad. Enhorabuena.
Abogado. @jglezmorfin
