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Del tedio a la excitación. El presupuesto se propone como pieza maestra del proyecto de reconcentración del poder en el presidente de la República y como vía de polarización entre clientelas políticas. Cierto. El paquete económico presentado al Congreso pasó la prueba elemental del equilibrio de ingresos y gastos. Pero los presupuestos 2019 deben acreditar todavía otras asignaturas que ofrecen riesgos de suspensión, como llaman en el lenguaje escolar de España al veredicto reprobatorio. Para empezar con lo inmediato, están los costos de imagen de la aplanadora oficialista en las Cámaras, arrasando no sólo con los derechos de las minorías partidistas y sus atendibles objeciones, sino con las reivindicaciones de los afectados por los efectos en el mundo real de las previsiones financieras del gobierno.
Y si bien no parece haber duda de que la incondicional mayoría legislativa le autorizará al presidente los recursos solicitados para financiar, afianzar y reproducir clientelas electorales y contingentes movilizados para sustentar su mando, tampoco se pueden ocultar las tempranas pero inequívocas muestras de inconformidad ante la reconcentración del poder de la bolsa en una especie de soberano absoluto. Por lo pronto, de ser el trámite tedioso de décadas atrás, asunto de especialistas y ocasión para el elogio ritual de la verdadera o supuesta maestría de los funcionarios del sector financiero, el tema presupuestal pasó a ser un asunto central del debate público mexicano, con ganadores en el poder, desafiados por los perdedores en la sociedad y en la propia burocracia pública. Insólita, parecería así la excitación que cobra el tema en las vísperas navideñas.
Independientemente del previsible desenlace favorable al oficialismo al concluir el periodo de sesiones del Congreso, lo cierto es que las asignaturas que dejará en suspenso la aprobación de los presupuestos, marcarán probablemente el calendario de conflictos 2019 en nuestro país. Allí están las voces de alerta de casi una veintena de rectores y de sus respectivas instituciones de educación superior, incluyendo la UNAM, el Poli y la UAM, sobre el impacto de los recortes no sólo en detrimento de sus funciones sustantivas, sino en la estabilidad misma de esos centros de estudios.
Frentes abiertos. Más allá de los golpes escénicos para conmemorar el cincuentenario del movimiento de 1968, el oficialismo de hoy parece ignorar que la inconformidad de estudiantes, profesores e investigadores de aquella década estuvo precedida de la estrechez presupuestal a que fueron sometidas las universidades por el presidente Díaz Ordaz, entre otras expresiones de su menosprecio, resentimiento y prejuicio contra los espacios universitarios.
Este año se agrega al mapa de conflictos la decisión de organizarse en una asociación nacional para revertir la reducción de más de mil millones, por parte de los titulares de las secretarías y coordinaciones de cultura de 22 estados. Ayer, decenas de artistas y promotores culturales se hicieron presentes en la Cámara de Diputados, entre ellos, el actor Daniel Giménez Cacho. Sostuvieron que el gasto propuesto para cultura “es ridículo e impropio de un gobierno progresista, pues se trata de la inversión pública más baja en los últimos tres sexenios".
Centralismo y polarización. Y qué decir del frente más impredecible: el abierto con los gobiernos estatales, con los de Jalisco y Chihuahua a la cabeza, por el castigo presupuestal recibido, junto con la creación de instancias para repartir recursos y financiar obras sin la participación de los gobernadores. El discurso de la austeridad como arma contra los órganos autónomos del Estado volvió a estrellarse contra el Instituto Nacional Electoral y está abierto el conflicto con la Corte. Y el “redireccionamiento” de los recursos de las instituciones de educación superior para crear las así llamadas “cien universidades” de AMLO y repartir becas a estudiantes, podrían devenir nueva fuente de polarización entre clientelas políticas.
Profesor Derecho de la Información.
UNAM
