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Contra sus votantes. En condiciones óptimas para construir y desplegar un programa de gobierno capaz de unir a los mexicanos tras más de dos décadas de polarización, los ganadores del uno de julio parecerían continuar su campaña divisionista en esta última semana de octubre. Reducidos a la irrelevancia sus adversarios y con todo en su favor para darle certezas a sectores de la población en creciente incertidumbre sobre el futuro inmediato de sus empleos y patrimonios atados al desempeño de la economía del país, el próximo presidente parece ceder a la presión de sus aliados más incompatibles con la estabilidad y más regresivos de los avances de la nación.
Incluso con un presidente en funciones que termina en minoría absoluta y una insignificante oposición parlamentaria —dos situaciones suficientes para sepultar el régimen anterior—, el mandatario electo parece determinado a destruir hasta el último símbolo de continuidad: el que representaría la conclusión del nuevo aeropuerto. Nada parecen importarle los altos costos financieros, de funcionalidad y de credibilidad del país. Ni el costo de inventarse un enemigo inopinado: la sociedad que le dio el gran triunfo electoral hace cuatro meses. Y si no ha ocurrido un cambio de señales o no ocurre en las siguientes horas, mañana estaremos ante un espectáculo anticlimático: el inicio de una ‘miniconsulta popular’ que se cerrará el domingo en unas mil casillas de las 150 mil que se requerirían para incluir a todos los votantes.
En el mejor de los casos la ‘consulta’ expresará la opinión de un 0.5% del electorado y esa opinión estará sesgada por una pregunta inductora en sentido contrario al de una mayoría nacional que en todos los estudios de opinión se inclina por concluir el aeropuerto iniciado. En efecto, diseñada, financiada y controlada por el partido que arrolló en las elecciones constitucionales, esta ‘miniconsulta’ al margen de la ley podría significar un triunfo pírrico: lograr un resultado previamente decidido por sus organizadores, de acuerdo a los mensajes anticipados por el presidente electo, conllevaría la cancelación no sólo de una terminal aérea, sino de una expectativa clave para la elevación de la competitividad del país.
¿Rectificación? Este resultado hasta ahora previsible podría afectar además el arranque de un gobierno a punto de nacer. El rechazo al ejercicio, ya anunciado por los mercados, impacta e impactará más la paridad del peso y arrojará una carga de inestabilidad económica que podría marcar negativamente el estreno del gobierno venidero. “Ojalá rectificaran”, termina su artículo José Woldenberg ayer, aquí, titulado Debería suspenderse, en el que enfatiza la orfandad legal de la consulta y el enrarecimiento de las prácticas políticas que pueden desatar ‘consultas’ así del próximo gobierno.
Última llamada. No sería la primera vez que López Obrador diera un giro a sus posiciones sobre temas y personas. Sólo respecto del NAICM, pasó del discurso irreductible de la cancelación, a reconsideraciones frente empresarios que lo cuestionaron y a las nuevas descalificaciones de hoy. Pero ante la virtual unanimidad de alertas de actores y analistas políticos y financieros contra la ‘consulta’, parecería hoy la última llamada a suspenderla. Después, dado el control sobre el ejercicio, sólo quedaría hacer que ganara Texcoco, con el efecto de darles un triunfo a sus fieles más moderados, pero con el inconveniente de que él y sus secuaces más radicales aparecerían como perdedores, acaso con la compensación de verse democráticos. Pero nada como el costo de la eventual cancelación.
Director general del FCE
