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Sin duda resulta de gran interés el libro de Santiago Nieto sobre su paso por la Fepade; Sin Filias ni Fobias (Grijalbo, 2019). Sobre el caso Odebrecht, vinculado a un financiamiento electoral ilícito, y que provocó su salida de esa institución, apunta: “Los delitos electorales que se hubieran perpetrado en aquellos comicios (2010 a 2012), ya habían prescrito”. Pero en torno a los comicios de 2014, 2015 y 2016, “en caso de acreditarse las transferencias monetarias a esas campañas, el probable delito prescribiría en 2026”. Además, “por cohecho, aún hoy, es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto”. El encargado de la PGR, Alberto Elías, —narra Nieto— lo despidió por encima del marco legal. La oposición en el Senado se propuso defenderlo, pues tocaba a esa cámara su despido o restitución.
Y como él mismo recuerda: “Ni en Los Pinos ni en la PGR se imaginaron la reacción social: empresarios, periodistas, analistas políticos, líderes sociales, artistas, políticos, los dirigentes de los partidos de oposición, religiosos, se manifestaron en contra de la remoción”. Paradójicamente, muchos de esos mismos actores ahora protestan por la propia actuación de Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Tras su ilegal despido —continúa Nieto— fue sujeto de una presión estrictamente política, pero encubierta bajo un disfraz jurídico: “Del lado del gobierno sólo el mismo discurso; violó el código de ética. Después añadirían que el deber de sigilo de la carpeta de investigación se había violado”. Y agrega: “La instrucción que tenían las personas de la visitaduría (general de la PGR)… era ‘ver qué le encontraban a Nieto’; vendetta vil”. “La posición gubernamental era clara; delito y cárcel seguros”. Y ante los ataques que recibió por parte de varias plumas oficiales, dice: “Esas son las ventajas de utilizar 60 mil millones de pesos para el pago de publicidad gubernamental, de forma discrecional, sin rendición de cuentas. En cualquier país democrático eso se llama corrupción”. Totalmente. Nieto reprueba también el injusto embate de la PGR contra Anaya durante la elección presidencial: “Hoy pienso en la filtración del video de Ricardo Anaya que buscaba bajarlo de las preferencias electorales, exhibiéndolo como un delincuente”. Caso del que la propia PGR se desistió pasados los comicios, pero ya habiendo logrado su propósito político.
En resumen, Nieto se queja, con razón, del uso político de la justicia del gobierno anterior (y del que fue víctima); atentar contra la presunción de inocencia, afectar la salvaguarda de datos personales, el uso político de la justicia en contra de los adversarios o críticos del gobierno, la persecución ideológica. Y concluye, “Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto de la era moderna de México”. Pero todo indica que goza de protección oficial. Y agrega Nieto, “(Peña) falló al país, por pensar que ser institucional significaba tener lealtades personales perrunas a costa de las propias instituciones. Por pensar con visión de clan y no con visión de Estado”. Sin duda. Ahora, como otros obradoristas, Nieto ha decidido incurrir en aquello que condenaba en los anteriores gobiernos. Ha asumido por orden presidencial el lamentable rol que en su momento jugó su persecutor ideológico, Alberto Elías. Mientras tanto, los casos de enorme corrupción como el que él mismo indagó, Odebrecht, siguen en el limbo, pues por ahora no son prioridad política. Lo cual exhibe una contradicción más; AMLO recomienda el “borrón y cuenta nueva”, pero algunos casos también del pasado inmediato sí procede indagarlos. Una postura que más evoca la venganza que la justicia. Ningún caso debiera “perdonarse”, pero ninguno debiera ser motivado por la vendetta. El “cambio verdadero” parece sólo un cambio de siglas, no tanto de mañas. En la lógica del obradorismo, si los anteriores gobiernos incurrieron en actos antidemocráticos, —como lo hicieron—, ¿por qué no habría de hacerlo también AMLO?
