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La primera vez que percibí que López Obrador ofrecía impunidad al gobierno saliente, fue en su libro 2018: la salida (2016), donde decía: “A los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie… Declaramos enfáticamente que lo que se necesita es justicia, no venganza”.
Es probable que en 2006 tanto políticos como empresarios hayan impedido el triunfo de AMLO por temor a ser llamados a cuentas. Y AMLO decidió en 2018 dejar a un lado sus principios para abrazar el pragmatismo, parte del cual era ofrecer amnistía a los corruptos del gobierno.
Lorenzo Meyer lo explicó justo en términos de pragmatismo: “Es de suponer que para evitar que se vuelva a formar una gran coalición ‘del miedo’ en contra del proyecto de la izquierda, el líder de Morena propone un ‘borrón y cuenta nueva’ en la historia de corrupción que ha caracterizado a la política mexicana de los últimos sexenios, a cambio pide dejar que efectivamente haya un juego electoral limpio” (“El pasado como dilema”. Reforma, 25/Agosto/16).
En la campaña, AMLO reiteró varias veces ese ofrecimiento para que al gobierno le quedara claro que iba en serio. Incluso dijo que lo hacía para que los políticos corruptos “no sientan que se les viene el mundo encima”. De ahí que, ante el enfrentamiento entre Peña Nieto y Ricardo Anaya —quien amenazó llamar a cuentas a aquél— surgiera la pregunta de por dónde se inclinaría el presidente al constatar que su candidato no levantaba.
Los obradoristas en general apostaban que terminaría apoyando a Anaya, pese a todo, porque concebían al PRIAN como una y la misma persona (nunca fue completamente así), y por el interés mutuo de preservar el proyecto neoliberal. No creían que el pleito fuera real, o en todo caso, que pesaría más que los intereses estratégicos mutuos. Había que leer a Maquiavelo para entender que los pleitos personales y las venganzas sí llegan a ser decisivos en la política. De ahí mi propensión a creer que Peña se inclinaría por AMLO, apostando a la oferta de impunidad que éste le hacía.
Desde luego, incluso de haber existido ese pacto de impunidad, flotaban al menos dos preguntas. A) ¿A quiénes cubriría ese pacto? En principio, al propio Peña y probablemente algunos miembros de su gabinete, pero no a todos. Podría así sacrificarse a algunos alfiles importantes pero no prioritarios.
B) ¿AMLO en cierto momento, podría incumplir el acuerdo si así le conviniere? Una cosa es prometer y otra cumplir. Maquiavelo recomendaba prometer lo que hiciera falta, y dejar de cumplir si la situación lo ameritaba. Así, llamar a cuentas a Lozoya puede responder a tres posibilidades lógicas: 1) Nunca hubo pacto de impunidad; 2) Sí lo hubo, pero no incluía a Lozoya; 3) Sí incluía a Lozoya, pero AMLO lo incumple ahora que le conviene.
De modo que no puede descartarse del todo que, incluso si hubo pacto de impunidad con Peña, pudiera AMLO incumplirlo si así le conviniera, por más que haya enviado una nueva señal de tranquilidad, al afirmar que no abrirá nuevos casos (el de Lozoya ya estaba abierto). Sin embargo, si AMLO y Romo pierden sus respectivas apuestas de que el país crecerá al 4% y que no habrá recesión, quizá a López Obrador le convendrá llamar a cuentas a Peña (quién sí podría ser penalizado tras un año constitucional de impunidad). Llamar a cuentas a los corruptos aporta legitimidad presidencial (por desempeño), por lo que se suele echar mano de esa carta cuando conviene.
No se puede descartar el escenario en el que AMLO, incluso si ofreció impunidad a Peña, lo llamara a cuentas para compensar los costos de sus dudosas decisiones económicas y administrativas. De ser así, saldría ganando el Estado de derecho y el combate eficaz contra la impunidad y la corrupción. En todo caso, que Peña ponga sus barbas a remojar.
Profesor afiliado del CIDE. @JACrespo1
