En 2001 surgió una iniciativa del gobierno de Perú en el contexto de la OEA; la Carta Democrática Interamericana. Como consecuencia de la democratización del subcontinente desde los años 80, se invitaba a que los gobiernos de la región tomaran postura y presionaran para la defensa de la democracia ahí donde empezara a flaquear. Un activismo diplomático a favor de la democracia y los derechos humanos. Dice ahí que: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla… Los Estados Miembros (de la OEA) reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio”. Y en cuanto a la decisión de ejercer presión ahí donde la democracia esté en riesgo, dice el artículo 20: “Cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. La Carta ha sido invocada en varias ocasiones, y derivó en la expulsión de la OEA de Honduras cuando el golpe contra Manuel Zelaya. Con relación a Venezuela, surgió el Grupo Lima a raíz de que Nicolás Maduro convocó unilateralmente una Asamblea Constituyente a modo para sustituir a la legítima.
Pero en contraposición a la Carta Democrática, está el Foro de Sao Paulo, congregación de partidos de izquierda (entre ellos, Morena), cuya prioridad es un proyecto de transformación socioeconómica (el socialismo del siglo XXI). Surgió en 1990 como iniciativa del Partido del Trabajo brasileño. Los partidos miembros que lleguen al poder se comprometen a ayudar a otros gobiernos y partidos del resto de América Latina para impulsar ese proyecto, no idéntico pero sí inspirado en el modelo cubano (según afirma el propio Foro en sus documentos). En Managua, se firmó el documento Consenso de Nuestra América, en 2017, “año del centenario de la Revolución de Octubre y 50 aniversario de la caída del Che”, dice ahí; y está dedicado al Comandante Fidel Castro. En ese documento se lee: “Nuestro objetivo es construir una correlación de fuerzas a favor del campo democrático popular para continuar avanzando contra el capitalismo salvaje y hacia un horizonte socialista”. Y también: “En América Latina se conocen varios procesos revolucionarios en marcha que han logrado instaurar nuevas constituciones, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, los que se encuentran actualmente resistiendo y batallando por cambiar América Latina”. Por lo cual, se pide respaldar al gobierno de Maduro “frente a las embestidas brutales de la oligarquía apátrida y el imperialismo, confirmando que la defensa de la soberanía nacional de Venezuela y del derecho de su pueblo de darse la forma de gobierno que desee, debe ser preservada”.
México, quien no firmó la Declaración de Lima, invoca para justificar eso la Doctrina Estrada, aparecida en los años del callismo y que fue adecuada para un régimen de partido hegemónico con grandes deficiencias en materia democrática. Se habla también del respeto de la “autodeterminación de los pueblos”. Pero el pueblo de Venezuela determinó elegir un Congreso mayoritariamente opositor, en tanto que Maduro “autodeterminó” cancelarlo a través de una Asamblea Constituyente a modo. Y en Bolivia el pueblo determinó a través de una consulta (formal, no pato) que Evo Morales ya no pudiera reelegirse un periodo más, pero él “autodeterminó” que sí podrá hacerlo. Nuestro texto constitucional tendría entonces que decir que se respeta la “autodeterminación de los gobernantes”, más que “de los pueblos”. Así pues, la nueva política exterior estará inspirada más en el Foro de Sao Paulo que en la Carta Democrática de la OEA. La Doctrina Estrada servirá para justificar ese viraje pro Sao Paulo. De ahí el “¡Que Viva México!” de Maduro.
Profesor afiliado del CIDE. @JACrespo1