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Las declaraciones de Roberto Madrazo reabrieron el debate sobre el 2006. Sus dichos no tienen ni pies ni cabeza porque habla de “sus” actas, como algo distinto de las del PRI. Pues no, las actas se reparten sólo entre los representantes de los partidos, por lo que no puede haber actas distintas para un candidato. Las actas que tenía el PRI (y el PRD) no ponían a López Obrador por arriba de Felipe Calderón. E incluso dice Madrazo sobre “sus” (inexistentes) actas, que no las tenía completas, en cuyo caso, dado el estrecho margen entre los punteros, no permitiría extraer una conclusión contundente. Probablemente busca ingresar a la nueva élite gobernante (si Bartlett pudo, ¿por qué no él?).
Lo cual no implica que la elección de 2006 haya sido prístina y con la certeza que exige la Constitución. En México siempre hay un cierto grado de irregularidades que podrían ser determinantes en el resultado cuando éste es estrecho. Con cierta ventaja entre punteros es más difícil demostrar que las irregularidades cometidas hayan alterado el resultado. Pero la de 2006 sí fue muy cerrada. Un monto no muy elevado de irregularidades (1%) pudo haber alterado el resultado. Y por eso mismo era esencial transparentar la elección al máximo, abriendo todos los paquetes con inconsistencias para dar certeza al resultado:
1) Se dijo que abrir más paquetes de los que la ley permitía podría llevar a la anulación de la elección. En realidad la ley permitía abrir todos aquellos paquetes que tuvieran alguna inconsistencia en sus actas (es decir, que los tres rubros destinados a coincidir en los números no lo hicieran). En tal situación estaba el 64% de las actas. Pero el IFE abrió sólo 2.5% de paquetes (en 179 distritos se abrieron en promedio 3 paquetes, siendo que numerosas actas de paquetes no abiertos tenían enormes inconsistencias).
2) También hubo cerca de dos millones de votos nulos, muy por encima de los 243 mil votos con que aventajaba Calderón. Y es que algunos votos nulos suelen serlo indebidamente (por dolo o error), en detrimento de algún candidato. Convenía revisarlos todos para determinar si cada voto nulo podía o no asignarse a algún candidato.
3) El TEJPF en su resolución de agosto reconvino al IFE por no haber abierto todos los paquetes cuyas actas tuvieran inconsistencias, “aunque sea sólo un voto y no sea determinante para el resultado”. Debió hacerlo de oficio —dijo— dado lo estrecho del margen entre punteros, pues “la sola evidencia del error conduce a la consecuencia que es la realización de un nuevo escrutinio y cómputo”.
4) Pero cuando le tocó su turno, el Tribunal no hizo lo propio. Algunos magistrados señalaron que no tenían la facultad legal para ello. Sin embargo, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la propia jurisprudencia del Tribunal le facultaban a “Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia judicial, como sería la apertura de los paquetes electorales (…) a efecto de alcanzar el objetivo de certeza”. Pero sólo se abrió otro 11% de paquetes, quedando 50% de paquetes con inconsistencias sin recontar. Lo que, para una distancia menor al 1 % entre punteros, era mucho.
5) Según la ley, cuando en una casilla las inconsistencias superan la ventaja del ganador, no puede saberse en realidad quién ganó. El Tribunal, en su dictamen final, señaló que las inconsistencias en las actas habían sido depuradas al grado en que no sobrepasaban la distancia entre punteros. No fue así. En una revisión acta por acta de la mitad de los distritos, el número de inconsistencias que prevalecía (contabilizadas a partir del criterio establecido por el Tribunal en cada distrito) fue de 316 mil, superior a los 243 mil votos con que aventajaba Calderón. Es decir, el Tribunal mintió. Y en esa situación, a partir de las actas oficiales (la única fuente válida para determinar el resultado) no es posible precisar, aritmética ni legalmente, quién ganó en 2006.
Profesor afiliado del CIDE. @JACrespo1
