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Seguro que todos los mexicanos coincidimos con López Obrador cuando señala, desde hace años, que los principales problemas de México son la corrupción y la impunidad. Ambos vicios van de la mano; a mayor impunidad, mayor estímulos para la corrupción. Por eso los países que han abatido la corrupción lo han hecho a través de varias medidas, una de las cuales es central: aplicar sanciones legales con criterios universalistas y no políticos o partidistas. Si se desea terminar con la impunidad, los corruptos no deben quedar impunes. Por eso suena a una contradicción que se ofrezca el fin de la impunidad y al mismo tiempo se ofrezca a los gobernantes del pasado reciente un borrón y cuenta nueva. Así no se logrará terminar con la impunidad, y por ende, la corrupción seguirá. Muchos países de América Latina han llamado cuentas a algún ex presidente. En México no tenemos ese precedente, y no porque no hubiera motivos. Pero este ofrecimiento de “punto final” no es enteramente nuevo; así como el tema de crear una Guardia Nacional estaba ya contemplado en el libro 2018: la salida (2016), también lo estaba el ofrecimiento al gobierno saliente de impunidad a cambio de no obstruir su eventual triunfo: “A los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado a la nación no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie”. Desde luego, no es venganza lo que la ciudadanía exige, sino justicia, y eso exige llamar a cuentas a ex gobernantes a quienes se les probara corrupción u otras formas de abuso del poder.
Pero dicha oferta la mantuvo AMLO y la reiteró varias veces durante la campaña electoral. Y por ello se habló entonces de un posible “pacto de impunidad” entre Peña Nieto y AMLO, como los que se habían gestado entre otros presidentes entrantes y salientes. La reiteración de López Obrador de esa oferta ahora, parece confirmar aquella tesis. Por cierto, las razones que esgrime AMLO para ese punto final son muy semejantes a las que Fox invocó para incumplir su oferta de llamar a cuentas a los “peces gordos” de la corrupción: habría inestabilidad, se daría paso a una “cacería de brujas”; no habría espacio suficiente para todos los corruptos. Ahora AMLO aplica la misma receta; y ya sabemos que las mismas recetas generan iguales resultados. Pese a lo cual, López Obrador ofrece que pronto estaremos en los primeros lugares de combate a la corrupción, a la altura de los países escandinavos. Afirmó durante su toma de posesión, que en el año 2000 México estaba en el lugar 50 de Transparencia Internacional, y que ahora nos hallamos en el lugar 135. Bueno, eso querría decir que en los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo la corrupción no habría estado tan mal, y fue a partir de Fox que se disparó. Pero esa forma de presentar los datos es engañosa, pues depende del número de países medidos en cada caso.
Hay otro índice más confiable, en que los países cercanos a 10 son los menos corruptos, y los cercanos a 0, son muy corruptos. Con ese indicador nos percatamos de que la corrupción en México no se ha movido demasiado en años. Hoy México tiene un indicador de 2.9. En 2000, era de 3.3. Sí hay descenso, pero no tan marcado. Ha dicho también AMLO que la corrupción es característica del odiado neoliberalismo, y que en la etapa del desarrollo estabilizador era anecdótica. Pero la corrupción puede estar presente en cualquier modelo; tiene más que ver con el tipo y fuerza de las instituciones políticas. No podemos saber con precisión si antes del neoliberalismo había una mucho menor corrupción pues Transparencia Internacional arrancó en 1995. Lo que sí podemos saber es que la corrupción no es inherente a ningún modelo económico; depende de múltiples variables. Presentarla como esencia de un modelo, el que sea, es no entender ni de economía ni de corrupción.
Profesor afiliado del CIDE. @JACrespo1
