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Desde que López Obrador anunciaba hace años que de llegar al poder aplicaría una política de austeridad en el gobierno, aplaudí la idea. Todos sabíamos de gastos superfluos, lujos innecesarios y privilegios para la “burocracia dorada”, viajes innecesarios y en primera clase, celulares de lujo, vales de gasolina, turismo parlamentario, bonos extra e “incentivos” de toda índole.
La idea era que dichos recortes estarían acompañados de aumentos en la base de la burocracia: “Sostengo que es posible, desde ahora, hacer el compromiso de que a principios de 2019 mejorarán los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado”, escribió en 2016.
El problema aquí, como en otros proyectos loables de AMLO, son los medios utilizados, las formas de buscarlos, el aterrizaje. No sólo los recortes se han hecho de manera descuidada, provocando injusticias y hasta donde se sabe sin aumentos salariales en la base, sino que podrían dañar la eficacia gubernamental y de múltiples programas que venían operando relativamente bien (y podrían ser mejorados, en todo caso).
Se han reducido fondos para la prevención de incendios, medicinas, albergues, ciencia y tecnología, becas al extranjero, comedores populares, cuidado del medio ambiente, personas con discapacidad. Al parecer, el objetivo no era sólo una mayor solidaridad del gobierno con los ciudadanos en un país muy desigual, sino obtener tantos recursos como fuera posible para los programas sociales, no del gobierno, no los vigentes, sino los de AMLO.
De modo tal que se establezca un vínculo partidario, y más aún, personalizado entre el beneficiario de esos programas y el presidente. Con lo cual se busca crear una base electoral firme, más allá de los resultados concretos del gobierno en otros temas, más allá de las críticas a las decisiones de López Obrador. Una clientela fiel, como las que el PRI logró construir.
Lo cual ayudará a ganar comicios pendientes en varios estados, y ratificar la mayoría en la cámara baja en 2021. Eso se traducirá en apoyo político y votos para sus candidatos. En 22 millones de beneficiarios se calculan estos programas, y así lo ha reiterado López Obrador. Nada despreciable.
Y si había dudas, recién circuló un video donde Ricardo Monreal comprometía partidas presupuestales desde el Congreso para Aguascalientes en caso de ganar el candidato de Morena ahí. Lo cual, aunque eso no depende del Senado sino de los diputados, deja de manifiesto los afanes clientelistas en Morena (que buenos resultados le dieron en la capital, mientras fue PRD).
Más aún, se incurrió en una falta electoral, pues el artículo 209 de la Legipe prohíbe ofrecer beneficios mediatos o indirectos por el voto. Además, comete delito electoral el servidor público que “Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición”. (Art. 11-2 Del Código de Delitos Electorales). Una fea maña priísta que ahora resurge en Morena.
Varias denuncias sobre el hecho llegaron a la Fepade. El problema aquí puede ser que su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, gran amigo, incansable luchador por la democracia electoral y de trayectoria intachable, pertenece a Morena y es sumamente cercano a López Obrador.
Lo cual, desde luego, no debería entorpecer la independencia de su desempeño, y así lo ha ofrecido López Obrador en multitud de ocasiones. Pero del dicho al hecho… Cuesta trabajo imaginar que Ortiz Pinchetti, pese a su integridad personal, pueda tomar una decisión que contravenga la voluntad de López Obrador. Le podría pasar lo que a Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, en su momento. De ahí la importancia de “fiscales no carnales” que tanto rechaza AMLO.
Profesor afiliado del CIDE.
@ JACre spo1
