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Con la investidura de ser el Presidente de la República y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el primero que proviene de las filas de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador tendrá la oportunidad histórica de democratizar el papel de los militares mexicanos, acelerar su modernización, darles un nuevo marco jurídico y eliminar el riesgo de exponerlos a la corrupción y la violación de derechos humanos cuando son reducidos a cumplir la labor de policías.
Con una reforma militar, López Obrador podría dirigir una unificación administrativa y estratégica de todas las fuerzas terrestres, navales y aéreas; fortalecer la independencia de sus sistemas de control y fiscalización internos, y reducir las rivalidades burocráticas que han afectado el desempeño de las Fuerzas Armadas.
Desde décadas atrás, los asuntos militares en México se han definido mediante la rivalidad entre las fuerzas y las armas, la duplicidad de funciones, y la redundancia administrativa. La defensa de la Nación está dividida burocráticamente en dos secretarías en lugar de una, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Ambas dependencias buscan la modernización militar para sus propias fuerzas y rivalizan en el momento de definir el monto y la distribución del presupuesto militar.
Sin un Estado Mayor Conjunto, donde todas las fuerzas se podrían unir para adoptar una estrategia común, el mando militar también está fragmentado en cuatro estados mayores separados administrativamente: el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada de México, el Estado Mayor Aéreo y el Estado Mayor Presidencial.
Esa dispersión de la fuerza se agudiza cuando los presidentes, como comandantes en jefe, privilegian a una fuerza armada sobre las demás. Ernesto Zedillo ordenó al Ejército vigilar los cuerpos de agua del país, lo que correspondía a la Armada de México; Vicente Fox limitó el ascenso de almirantes mientras multiplicaba el ascenso de generales; Felipe Calderón primero y Enrique Peña NIeto después favorecieron a la Armada de México para realizar las llamadas operaciones de alto impacto. Si López Obrador va a dejar huella en la democracia mexicana, tendrá que evitar el error de sus antecesores en el poder y trazar cambios sustantivos en las instituciones castrenses.
Mantener el estado de cosas sería contraproducente para el nuevo gobierno. Enfrentar a la delincuencia organizada del país con unas Fuerzas Armadas cuyos mandos rivalizan entre sí no ha arrojado un positivo para el país. La violencia persistente que aqueja a México y la virulencia de las organizaciones criminales no se debe solamente a la ineficiencia y corrupción policial, sino también a las decisiones erróneas de cada presidente, la fragmentación de las Fuerzas Armadas, las rivalidades en la burocracia militar y al pensamiento de silos que la caracteriza.
El costo de esa lucha deficiente contra la delincuencia organizada ha sido inmenso y no habría viabilidad para el gobierno de López Obrador si no reduce significativamente ese costo en sus primeros años de gobierno: Con un país que lleva ya más de 200 mil homicidios violentos, más de 30 mil personas desaparecidas y más de 250 mil personas desplazadas, López Obrador tendrá frente a sí la disyuntiva entre regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles o mantenerlas en las calles en los momentos en los que las organizaciones criminales están más embravecidas que nunca, no se detienen para asesinar candidatos y alcaldes, emboscar unidades militares, derribar helicópteros y retar a las fuerzas del Estado.
Resolver esa situación no es una labor fácil para ningún gobierno, particularmente para el nuevo gobierno de Morena. Si López Obrador mantiene a las Fuerzas Armadas en la calle y conserva la Ley de Seguridad Interior, habrá complacido a los grupos empresariales del país, pero le habrá también dado la espalda a los grupos de derechos humanos que reclaman el fin de la militarización.
La única ruta posible para reducir el impacto en la población y mantener el uso de las capacidades militares es el empleo coordinado de las unidades de inteligencia civil, policial y militar para garantizar éxitos contra los grupos criminales al mismo tiempo que se desmantela la saturación militar de las calles del país.
Cualquier que sea la ruta que siga, López Obrador tendrá la oportunidad de incluir a las Fuerzas Armadas en los esfuerzos anticorrupción y dirigirlas hacia a una modernización encaminada a la defensa nacional, no a la seguridad pública.
Con el enorme apoyo popular que consiguió y la posibilidad de que su partido, el Movimiento de Renovación Nacional, logre mayoría legislativa en ambas cámaras, López Obrador tendría todas las condiciones necesarias para lograr la reforma militar que los presidentes anteriores han postergado: una sola secretaría, un secretario civil de la Defensa, un comando conjunto de las fuerzas armadas, un código de justicia militar compatible con la jurisdicción de las cortes civiles en el juicio de militares involucrados en un delitos del fuero común o federal, así como la distribución balanceada de los recursos del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas.
Si López Obrador logra este nuevo balance militar, fortalece los sistemas de inteligencia, y reconfigura las policías del país, tendrá entonces una plataforma para cumplir con su promesa de llevar seguridad a los mexicanos. De otra forma, lo que veremos será una repetición de las viejas políticas de seguridad, una continuación de la violencia que aqueja al país y, sobre todo, una continuidad de las condiciones que hacen posible la corrupción y la impunidad en México, algo que López Obrador quiere evitar a toda costa.
Especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas
