Los sistemas de inteligencia de Estados Unidos sabían en tiempo real qué estaba pasando en los alrededores de Iguala cuando Guerreros Unidos, confundiendo a estudiantes de Ayotzinapa con narcotraficantes rivales, masacró y desapareció a 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esa información, de haber sido compartida oportunamente con el gobierno mexicano, pudo haber limitado el alcance de la tragedia.
Pero el gobierno mexicano no pidió esa información y ésta se quedó en los escritorios burocráticos de Washington y se convirtió en un producto inútil para fines humanitarios. La tragedia siguió su curso sin que los gobiernos de México o Estados Unidos hicieran algo para evitarlo.
A juzgar por la transcripción de los mensajes que intercambiaban los miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, interceptados por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), ahora es un hecho que las agencias de inteligencias del gobierno de Estados Unidos tenían información directa de lo que pasaba, minuto a minuto, en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, la noche que esa banda delictiva, apoyada por policías municipales y milicias ciudadanas, desapareció a los 43 estudiantes normalistas.
Los agentes de la DEA tenían interceptados diez teléfonos celulares de por los menos cinco integrantes de Guerreros Unidos en la ciudad de Chicago, Illinois. Enfrascados en la acumulación de evidencias contra una de las organizaciones criminales mexicanas con más actividad en el norte de Estados Unidos, decidieron dejar que los acontecimientos trágicos se desarrollaran y esperaron el momento más oportuno para detener, dos meses después de la tragedia de Iguala, a los líderes de ese grupo criminal en Chicago y Oklahoma.
El gobierno mexicano ha guardado silencio sobre la información de inteligencia recopilada esa misma noche. Sin embargo, es muy probable que también existan reportes del Cisen, o de las áreas de inteligencia militar involucradas en el seguimiento de grupos criminales que ayuden a entender qué fue lo que sucedió esa noche trágica.
En ninguno de los casos, ni en el de la DEA ni en el del Cisen o de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el ciclo de inteligencia se cerró apropiadamente con decisiones políticas, informadas y acertadas, que impidiera la masacre de estudiantes.
Ambos gobiernos actuaron cada uno con objetivos ajenos a la cooperación binacional. El gobierno mexicano actuó tardíamente para detener a policías municipales de Iguala, cuando ya había ocurrido la masacre. El gobierno de Estados Unidos se enfocó sólo en acumular evidencias que en el futuro que pudieran incriminar a los integrantes de Guerreros Unidos en Chicago.
En el fondo, prevalecía el burocratismo mexicano y la desconfianza generalizada de las agencias de seguridad estadounidenses hacia las mexicanas. El gobierno estadounidense estaba en franco desacuerdo con la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el 9 de agosto de 2013, luego de 28 años de prisión. Esa decisión de liberar a uno de los narcotraficantes más notorios de la historia mexicana fue una afrenta real para la DEA, la misma agencia que espiaba a Guerreros Unidos y supo en tiempo real de la masacre contra los estudiantes de Ayotzinapa.
La liberación de Caro Quintero reabría una herida histórica de la DEA, aun agraviada con el asesinato, en noviembre de 1985, del agente Enrique Camarena Salazar y su piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ajustándose a lo suyo, la DEA mencionó los mensajes interceptados ante la Corte de Illinois en diciembre de 2014 e informó con detalle los números telefónicos interceptados, el nombre de sus poseedores, así como los periodos de interceptación. En esos periodos de interceptación estaba el 26 de septiembre de 2014.
El gobierno mexicano tampoco demostró enjundia para pedir desde el primer momento la información que tenía la DEA, a pesar de que la Corte Federal del Norte de Illinois había hecho públicos los documentos de la acusación contra los integrantes de Guerreros Unidos tres meses después de la masacre de Iguala.
La oportunidad de trabajar juntos para defender la libertad de manifestación y de expresión fue perdida. Lo que quedó eran intereses limitados, si no mezquinos. Uno, queriendo seguridad en las calles de Chicago. El otro haciendo todo lo posible para evitar que personas del gobierno federal o allegadas a él fueran responsabilizadas.
Especialista en temas de seguridad
y fuerzas armadas