En la conferencia mañanera del 21 de mayo, el presidente López Obrador se pronunció por terminar con la simulación y reducir los costos de la organización de las elecciones en México. En ese contexto, propuso la federalización de la organización de los comicios, es decir, que un solo organismo se encargue de todo. Su diagnóstico, al igual que en otras áreas de gobierno, es concentrar facultades para reducir los costos de operación. La propuesta suena atractiva cuando se busca que el Estado tenga más recursos para combatir la pobreza y desigualdad, pero ¿es la mejor opción para tutelar de manera efectiva los derechos político-electorales?
De acuerdo con la consultora Strategia Electoral, durante el primer año de la LXIV Legislatura se han presentado 113 iniciativas de ley en las que se propone algún tipo de modificación a la legislación electoral. En abril, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados instaló el grupo de trabajo de la Reforma del Estado y Electoral para analizar el conjunto de iniciativas. Entre ellas destaca la presentada por el presidente del grupo de trabajo, el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Esa iniciativa coincide con la visión del presidente: la desaparición de los organismos públicos electorales locales (OPLE) y la concentración de facultades en el INE. La iniciativa propone que los consejos locales del INE organicen los comicios en los estados y se encarguen de aplicar las leyes generales y estatales en materia electoral. Además, la iniciativa prevé que esos consejos tengan un carácter permanente y que cinco de sus seis integrantes se designen por mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El sexto integrante es el Vocal Ejecutivo Local del INE, miembro del servicio de carrera que haría funciones de Secretario Ejecutivo Local.
En la exposición de motivos de la iniciativa se cuestiona: ¿podemos tener procedimientos e instituciones electorales menos onerosos, que a la vez sean efectivos y confiables? La respuesta es sí, pero a qué costo. A partir de la reforma de 2014, la redistribución de competencias de los órganos locales y nacional cambió. Actualmente existe un esquema de competencias compartidas, exclusivas y residuales. El INE y los OPLE se articulan para el desarrollo de los procesos electorales locales. De acuerdo con los planes y calendarios de coordinación, 55% de las actividades se realizan conjuntamente, 35% corresponden al INE y el restante 10% son actividades exclusivas de los OPLE.
La reforma de 2014 también ajustó los ciclos electorales. Cada año y con mayor frecuencia coinciden elecciones federales y locales, lo que sobrecarga de actividades al INE. En 2018, por ejemplo, concurrieron 30 elecciones locales donde se eligieron 3,326 cargos. Tan solo en lo local se eligieron 2,697 cargos, lo que implica revisar la procedencia del registro de las candidaturas de miles de ciudadanos en plazos muy reducidos. Además, debe reconocerse la complejidad de la aplicación de las particularidades de las leyes locales. En cada estado existen disposiciones que regulan mecanismos de participación ciudadana, topes de gastos de precampañas y campañas, distintos requisitos para la obtención de candidaturas independientes e inclusive la convivencia con los sistemas normativos indígenas. Centralizar sin estructuras lo suficientemente capacitadas en el ámbito local podría generar una curva de aprendizaje difícil de superar.
Además, las autoridades electorales locales han generado experiencias relevantes e innovadoras, por ejemplo: el voto por internet de los chilangos en el extranjero, el desarrollo de urnas electrónicas y enfoques más incluyentes hacia las personas trans o con discapacidad. No queda claro que en modelo centralizado se gane más de lo que se ha avanzado en lo local, ni sus costos. Otra iniciativa presentada por el Dip. Pablo Gómez propone reducir la estructura del INE con la fusión de las áreas de organización y capacitación. Esta pretensión sería claramente incompatible con el objetivo centralizador. Las propuestas parten de diagnósticos distintos. Ese es el problema. Será importante que en un esquema de Congreso abierto, los legisladores se alleguen de toda la información por parte de expertos para tomar la mejor decisión.
La discusión de las iniciativas de reforma coincidirá con la renovación parcial del Consejo General del INE, cuatro de sus miembros concluyen su encargo. Si sumamos la propuesta de nombrar consejos locales mediante el voto calificado de la Cámara de Diputados, se renovarían prácticamente todas las autoridades electorales del país. Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para las designaciones. El riesgo de la propuesta es la tentación de concentrar para controlar.
Especialista en temas electorales
