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Ayer la Cámara de Diputados definió el destino de lo que pagaremos en impuestos durante 2018, al aprobar el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El PEF 2018 aprobado para el sector público federal asciende a casi 5.3 billones de pesos, que equivale a 23.6% del producto interno bruto (PIB). Este monto es superior al aprobado para 2017 en 3.1% en términos reales.
El PEF aprobado contribuirá poco en acelerar el crecimiento económico y en reducir la pobreza. Tanto la LIF como el PEF 2018 le apostaron a la estabilidad, al buscar un superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin costo financiero) mayor al de 2017. No da para impulsar el crecimiento económico potencial, pues se continúa castigando la inversión física, aunque crece 1.6% real. La reducción de la pobreza recibirá también menos atención, pues los recursos aprobados para los programas que sí son de alta efectidad, como Prospera e IMSS-Oportunidades, prácticamente los mantienen sin cambio.
Para 2018 continúan los viejos vicios iniciados en los últimos tres lustros. Cuando los políticos descubrieron que es más fácil dar “regalos” o gasto público estéril de gran rentabilidad electoral, dejaron de preocuparse por la prestación de los buenos servicios públicos.
Para financiar el PEF 2018, el gobierno necesita, además de impuestos, contribuciones conocidas como derechos, productos y aprovechamientos, de la emisión de deuda pública. Para 2018 la intención es que cada peso de gasto se financie con 73 centavos de impuestos, 15 centavos con las contribuciones mencionadas y 12 centavos de deuda pública. Esta sí es una de las grandes diferencias con el pasado. Por ejemplo, en 2008, cuando el precio del petróleo promedió 84.3 dólares por barril y Pemex producía casi 2.8 millones de barriles diarios de petróleo, cada peso de gasto se financiaba con 42 centavos de derechos sobre hidrocarburos.
No obstante la preocupación que ocasiona la relación deuda pública a PIB, hay algo de mucho mayor importancia que no logra corregirse para el PEF 2018. Es el bajo monto de la inversión pública. En sentido estricto, en México la Constitución obliga a asegurarse que el endeudamiento público se destine a “… la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento los ingresos públicos…”.
En castellano esto significa: “gobierno federal, sólo tienes permitido emitir deuda pública si y sólo si lo vas a destinar en inversión física que le sirva al país para generar mayor crecimiento económico con el cual se van a generar más impuestos, y por lo tanto es deuda que tiene una fuente de pago. Sin embargo, la interpretación que han dado Ejecutivo y legisladores desde hace más de 15 años, es que no importa que el gobierno federal deje de cumplir con esta disposición, mientras Pemex y CFE inviertan sustancialmente más de lo que solicitan y ejercen de endeudamiento. Esta interpretación ha mostrado su fracaso, pues fue la que ocasionó que Pemex se endeudara a tal grado que en los últimos dos años los contribuyentes pagaron el rescate de la empresa con inyecciones de patrimonio/capital.
Para el récord, durante 2018 la inversión en infraestructura del Gobierno federal será menor en 159.4 mmp al monto de endeudamiento aprobado. Esto significa que parte de la nueva deuda se irá a cubrir gasto corriente e intereses. Así, difícilmente la hacienda pública contribuye al crecimiento económico.
El gran pendiente de la reforma de la hacienda pública sigue siendo mejorar la composición del gasto público. Se necesita destinar más recursos para asegurar que la oferta de bienes públicos aumente y se presten muy buenos servicios públicos. Esto sólo se logra con más y mejor infraestructura, ergo la inversión física es indispensable. Siguen pesando las dádivas que engordan clientelas y que no sirven ni para reducir pobreza y menos aún para impulsar crecimiento económico. Y finalmente, los gobernadores y municipios seguirán siendo los “ganones” del PEF 2018, pues recibirán más recursos por participaciones federales y aportaciones.
Eonomista. @jchavezpresa
