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A Leonardo Curzio por defender
la libertad de expresión.
La mayoría de l@s mexican@s sí preferimos la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. Aunque hay desencanto, la vía democrática sigue predominando entre nosotr@s. En 2003 la encuesta de Latinobarómetro mostró que 63% la preferían; en 2016 bajó a sólo el 46%, menos incluso que en 1995 cuando el 49% la consideró como la mejor opción de forma de gobierno, pese al error de diciembre de 1994.
No obstante que preferimos la democracia, hay una gran insatisfacción con ella. En 2016 sólo el 27% de la población mexicana encuestada mostró estar satisfecha; esto contrasta con las democracias argentina y uruguaya, ambas gobernadas en el pasado por dictaduras, que muestran una satisfacción del 57 y 51% respectivamente. Si de consuelo de tontos se trata, en Brasil están satisfechos sólo el 10%, después de haber iniciado el combate a la corrupción en las grandes esferas gubernamentales y empresariales de dicho país. Aunque parezca una contradicción, los esfuerzos anti-corrupción no mejoran la percepción ni satisfacción de la democracia.
Si ha empeorado la percepción y satisfacción de la democracia en México, ¿hay algo que podamos hacer? Definitivamente sí podemos hacer mucho, pero necesitamos cides campeadores que enarbolen la bandera de mejorar sustancialmente nuestra democracia para disponer ciudadanos bien informados con los incentivos a elegir a mejores gobernantes y a exigir mejores gestiones con buenos servicios públicos.
Queremos democracia porque deseamos preservar un mínimo de libertades con pluralidad de contenidos. Y queremos libertades para poder seguir siendo individuos que crean y contribuyen a la sociedad y comunidad. Entre estas libertades destaca la de expresarse para opinar responsablemente sobre quienes nos gobiernan y sobre las decisiones que toman. Por ello la renuncia de Leonardo Curzio a la dirección de noticieros y a la conducción del programa de noticias y de opinión de la mañana, además de merecer nuestra solidaridad, nos debe sacudir las conciencias, más por ser un problema estructural que de preferencias personales. Como Curzio lo ha dejado ver: el mercado de los medios de comunicación, especialmente los tradicionales como periódicos, radio y televisión, se ha hecho dependiente de los ingresos públicos para su existencia.
Aunque no hay cifras precisas para no rechazar esta hipótesis, los datos públicos disponibles dan indicios de un problema. El PIB de radio y televisión creció de 2008 a 2016 en un 25% en términos reales. Para ese mismo lapso, el concepto de gasto público federal en “servicios de comunicación social y publicidad” aumentó 351%. En la clasificación de gasto, este concepto que forma parte del capítulo 3000 “Servicios Generales”, incluye difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales; comerciales para promover la venta de bienes y servicios; servicios de creatividad, pre-producción y producción de publicidad, excepto internet; servicios de revelado de fotografía; servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, y otros servicios de información. Estas partidas no se desglosan. Sin embargo, sí hay los elementos suficientes para iniciar un análisis que valide o rechace la hipótesis y de ahí se elabore una iniciativa de ley que obligue a la total transparencia de estas erogaciones y destinarlas únicamente para campañas de prevención relacionadas con la salud, la educación, la seguridad, etc. En virtud de que se trata de recursos públicos, las empresas privadas que le prestan servicios en estos rubros, especialmente las de radio, televisión y periódicos, debieran revelar al público, por honestidad y ética en la comunicación, qué porcentaje de sus ingresos totales provienen de cada uno de los órdenes de gobierno, de cada uno de los poderes y órganos autónomos.
Tan sólo por lo que estamos expuestos en la pantalla chica, en las planas de los periódicos y en la radio, la comunicación gubernamental, incluyendo el exceso de spots de los partidos políticos, así como los tiempos oficiales de programación al gobierno federal, están desplazando la participación de las pequeñas y medianas empresas de anuncios en estos medios. Esto es muy grave desde la perspectiva económica, pues impiden que la publicidad, dado su encarecimiento, ayude al crecimiento de las ventas de éstas. Además, desde el punto de vista político y de diversificación de ingresos, la libertad de expresión de estos medios no podrá ser coartada si los ingresos provenientes de entes gubernamentales son muy pequeños. No puede dejarse de mencionar que, si grandes empresas privadas también son las que dominan dentro de los ingresos de los medios de comunicación, éstas tienen un poder de mercado para condicionar la programación y mensajes. Es un equilibrio complejo que forma parte de la reforma del Estado para un desarrollo más equitativo en el país.
Por otro lado, si radio, televisión y periódicos tienen la fuerza de voluntad para cambiar y mejorar la democracia y la calidad de quienes llegan a los distintos cargos de gobierno, por respeto a su audiencia y lectores, requieren revelar qué porcentaje de sus ingresos provienen de nuestros impuestos. Ya hay en internet uno que lo hace, Arena Pública, que como principio expresamente sólo se financia con recursos ciudadanos y con publicidad del sector privado. A nosotros nos toca también tener la disposición por pagar suscripciones si también somos congruentes que queremos mejorar nuestra democracia.
Economista. @jchavezpresa
